El Seminario de Lleida acoge a 16 familias desahuciadas por bancos

La crisis económica arrasó toda España y Lleida no fue una excepción. Pronto, en la única provincia catalana interior, comenzaron a repetirse las imágenes de los desahucios. Más de medio millar de familias fueron expulsadas de sus viviendas tras no poder afrontar los pagos de sus hipotecas y alquileres.

Como en el resto de España, los leridanos creando una Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y comenzaron a reunirse en los locales de la parroquia de Santa Maria Magdalena. El 7 de diciembre de 2012 el que entonces era obispo de Lleida, Joan Piris, acudió a una de las reuniones de los afectados. Se sentó en una silla y escuchó. Ante el líder religioso comenzaron a reproducirse los diálogos, apoyos y votaciones de una sesión ordinaria de la PAH. Piris quedó “tocado” y tras aquella reunión intentó buscar una solución.

El entonces obispo de Lleida recordó que en la calle Maragall de Lleida el obispado tenía un edificio cerrado. Era el antiguo Seminario. Necesitaba unos miles de euros —algo más de 800.000— para reconvertirlo en viviendas sociales y acoger allí a familias desahuciadas. “Es un verdadero milagro, el pasado mes de julio cumplimos un año de la entrada de las primeras familias. Hoy ya viven 16”, se alegraba ayer la directora del proyecto Llars del Seminari, Montse Claveria.

El proyecto de viviendas sociales impulsado por Piris nació totalmente al margen de las administraciones. Al final, acabaron implicándose ellas, más de un centenar de voluntarios y una treintena de empresas. En primavera de 2015 ya estaban acabados los 19 pisos sociales. No habían pasado ni tres años del encuentro entre Piris y la PAH.

“Hay pisos de varias habitaciones y luego hay zonas comunitarias como la terraza o las lavadoras”, aclara Yolanda Artal, la trabajadora social del proyecto y única persona contratada. El resto son todos voluntarios.

Tres pisos siguen vacíos. “Hemos reservado dos para los refugiados sirios. Si no llegan familias antes de que se acabe el año los llenaremos igual”, lamenta Claveria. Además, uno de los inmuebles está reservado para emergencias habitacionales. Las familias entraron escalonadamente y se les pide que hagan frente a 210 euros mensuales en concepto de gastos de suministros. “Aquí se tranquilizan, pueden estar tres años para poder volver a reorganizar su vida”, informó la directora. “Tengo una primicia, una de ellas se irá pronto. Ha conseguido recuperarse”, sonríe.

Ayer, una joven camerunesa colgaba una sábana en la terraza. La crisis no la ha arrasado.