Los juzgados de la región sufren graves faltas de medios y personal

El panorama que recoge la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2015 es absolutamente desolador. En las necesidades materiales, marca 16 carencias graves. Destacan la dispersión territorial de las sedes en muchos partidos y el hecho de que las oficinas del Registro Civil se hallen ubicados en “dependencias inadecuadas y con escasa dotación de personal”. En general, los edificios de los juzgados están muy anticuados y sufren graves deficiencias como “grietas, humedades, acumulación de olores, falta de renovación de la red de saneamiento, continuos fallos en la calefacción y el aire acondicionado y los ascensores”. “Los archivos son insuficientes con espacios muy reducidos. Los calabozos son minúsculos, lo que impide albergar a todos los detenidos”, critica la memoria.

El problema de la accesibilidad también está patente en las sedes judiciales. En algunos edificios faltan rampas o dispositivos de acceso para personas con minusvalía “tanto en el exterior como en el interior” del inmueble. A ello se une la falta de limpieza y la suciedad acumulada “dada la escasa dotación de personal adscrita a la empresa contratada”. “Los ordenadores están obsoletos, son lentos e insuficientes. Los fallos son continuos en los aparatos de videoconferencia y de las cámaras de vigilancia de los edificios”, mantiene el informe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

“Los teléfonos móviles están anticuados para atender adecuadamente el servicio de guardia”, añaden. A ello se añade que las líneas telefónicas no están preparadas para hacer requerimientos internacionales, como detenciones en el extranjero y otras diligencias que precisen una comunicación fluida “no solo por vía del fax o del correo electrónico sino también por vía telefónica”.

El tema sanitario tampoco está resuelto. Los jueces denuncian la falta de desfibriladores y de material (tipo botiquines) para atender las urgencias que se puedan dar. Los médicos forenses también carecen de medios adecuados para desempeñar su trabajo y en especial durante las guardias (levantamientos de cadáveres, intervenciones corporales,...). “A ello se une la falta de mascarillas y de material necesario en las sedes judiciales ante posibles enfermedades infecciosas que puedan portar los usuarios del servicio”, afirma la memoria.

Las carencias de personal no son menos acuciantes, según la memoria. Los jueces plantean que es necesario cubrir de manera más rápida las bajas y vacantes que se generen por cualquier circunstancia: “Es absolutamente imprescindible garantizar que todos los juzgados tengan completa la plantilla en todo momento”. Y ofrece unos datos bastante elocuentes. A 31 de diciembre de 2015 eran 515 las vacantes y bajas pendientes de cubrir. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) califica de “intolerable” este hecho, sobre todo si se tiene en cuenta que han crecido los casos en la jurisdicción civil y se han reducido los plazos en el ámbito penal.

Los magistrados también piden mejor formación para los funcionarios interinos. Para ello, se centran en dos casos en concreto: el Juzgado de Instrucción número 46 y la unidad de ejecutorias de los Juzgados de Alcalá de Henares. En ambos, han tenido que renunciar diversos trabajadores “ante su manifiesta falta de capacitación”. El TSJM pide incluso que se prorroguen las jornadas de los empleados públicos para agilizar la tramitación de los expedientes y la adecuada distribución de asuntos en los archivos.

Más peritos

Los peritos también tendrían que tener mayor presencia. Los jueces plantean un aumento de la plantilla de psicólogos y trabajadores sociales en los distintos partidos judiciales. Así se evitaría “el actual retraso de asuntos”, en especial en familia y en menores. También se precisa dar formación a los médicos forenses interinos. “Es preciso el aumento de la dotación de peritos judiciales en penal y la necesidad de que existan especialistas para poder llevar a cabo peritajes contables dado el elevado número de diligencias penales en trámite que precisan de dictámenes objetivos e imparciales”, recoge el documento.

El aumento de personal también se debería extender al servicio de mantenimiento de las sedes judiciales y a la seguridad de los mismos. Un punto en el que hace especial hincapié la memoria es que es preciso crear una oficina en el centro penitenciario de Estremera “para evitar los costosos desplazamientos para la práctica de diligencias judiciales con personas internadas”. También se pide que se aumente el número de trabajadores y se habilite el horario de tarde en la cárcel de Soto del Real. Esta lleva funcionando desde el 13 de noviembre de 2014. Durante 2015 ha realizado 3.124 actuaciones.