Réquiem por el déficit fiscal

La balanza fiscal deja de estar de moda. Muchos entonan, discretamente, el réquiem por el déficit fiscal. Prefieren calibrar la viabilidad presupuestaria de una Generalitat convertida en Estado independiente.

La cifra mágica del déficit fiscal eran los 16.409 millones de 2009, como estimación de la diferencia entre la aportación catalana a las arcas comunes y la recepción de servicios e inversiones proporcionados por el Estado: en suma, el saldo neto meramente financiero —sin contar otros igualmente importantes, como el comercial—, que en Europa popularizó Margaret Thatcher en 1979 al lema “I want my money back”, es decir, “Devuélvanme mi dinero”. Y que desde entonces se convirtió en paradigma nacionalista.

La tímida obsolescencia del uso de la balanza fiscal (estimaciones interesantes para describir tendencias brutas) se debe al abuso político del concepto. Artur Mas y Oriol Junqueras mezclaron reiteradamente esa balanza con los recursos adicionales de que dispondrían los Gobiernos de una Cataluña independiente. “Tendríamos 16.000 millones de euros cada año, cuatro veces más dinero que todos los recortes de gastos” practicados por la Generalitat, clamaba no hace tanto el hoy vicepresidente económico.

A la conciencia del abuso contribuyó la crítica del mismo realizada por Josep Borrell y Joan Llorach (Las cuentas y los cuentos de la independencia, Catarata), que subrayaron: “No es cierto que todos los famosos 16.000 millones de euros del saldo de la balanza fiscal estuviesen disponibles contantes y sonantes sobre la mesa del conseller de Hacienda”. Y ello porque el criterio del flujo monetario utilizado para esa estimación no es el más adecuado, y porque se trata de un ejercicio teórico. La cifra máxima según el criterio de beneficio sería del 5,7%.

Al cabo, el Departamento de Economía de Andreu Mas-Colell empezó a dejar caer la cifra mágica y valoró en 3.228 millones de euros “la diferencia entre los impuestos que los catalanes aportan al Estado y los servicios que reciben de este” (Nota sobre las diferencias entre las balanzas fiscales y los presupuestos consolidados de las Administraciones Públicas en Catalunya, 14/9/2015). Y añadía el otro concepto, el presupuestario. Las cuentas consolidadas de todas las administraciones deberían suponer en 2015 un superávit para Cataluña de 2.405 millones de euros, un 1,2% del PIB.

Esa es la nueva referencia. Quien la elaboró como secretario de Mas-Colell, el catedrático de Historia Económica de la Pompeu Fabra Albert Carreras, la desarrolla en un potente artículo, Recaptació i despesa pública en el reciente número extraordinario de la Revista de Catalunya dedicado al Impacte econòmic de la independència. En realidad, el eventual superávit de la independencia habría que corregirlo a la baja dada la desviación del déficit público español en 2015 —el de la casi sanción de Bruselas—, y en una cuantía, a la baja, de 1.177 millones. De modo que el superávit se limitaría a unos magros 428 millones.

Los cálculos de Carreras son sólidos, pues aplica criterios de contabilización no siempre favorables a su tesis: así, incorpora el coste actual del servicio de la deuda, y no el eventual a los tipos casi cero, en que esta se renueva. Y también reconoce que la partida de 910 millones de euros que calcula para la Defensa “es demasiado optimista”. En realidad, si se aplicase un baremo real y no de laboratorio, habría que proyectar un gasto militar de entre 2.000 y 4.000 millones anuales, entre el 1% y el 2% del PIB catalán. ¿Por qué? Porque la mayoría de miembros de la OTAN gastan más del 1% y en 2014 se comprometieron a superar el 2%.

Si esto fuera así, el presupuesto de la Cataluña independiente para nada “generaría un superávit corriente”, como desea Carreras, sino un déficit de entre 1.500 y 3.500 millones. Pero al menos, el autor es prudente. No asegura, sino solo aventura, que “probablemente el balance sería positivo”. Una actitud muy distinta de la que en el artículo La Hisenda catalana del mismo volumen sostienen las entusiastas Núria Bosch y Marta Espasa, para quienes “a la pregunta de si la hacienda pública de la Generalitat sería suficiente para cubrir el gasto de los nuevos servicios que debería asumir como Estado independiente, hay que contestar rotundamente que sí”. A ellas no les sale desde luego déficit (usan un ejercicio anticuado, el de 2011), ni siquiera un ligero superávit de 428 millones, sino un abultado saldo positivo de 5.810 millones. Gente de fe.