Cifuentes lleva al juez la anulación de la operación Castellana Norte
La presidenta madrileña considera que el Ayuntamiento tomó la decisión de forma unilateral y sin aducir motivos legales
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, anunció ayer la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento que enterró la operación Castellana Norte con los votos de Ahora Madrid y del PSOE. El proyecto suponía actuar en 3,1 millones de metros cuadrados. El Consistorio propone una iniciativa que reducen a la mitad las 17.699 viviendas previstas. Cifuentes considera que el Consistorio actuó de “forma unilateral” y prescindió del “procedimiento legal establecido”. Los promotores privados han acudido al mismo tribunal.
El BBVA y la constructora San José pretendían extender el paseo de la Castellana 3,7 kilómetros hacia el norte, levantar 17.699 viviendas y un área financiera con un rascacielos de 70 plantas, el más alto de la Unión Europea, más otros cinco similares a las Cuatro Torres, de entre 45 y 57 pisos. El proyecto implicaba recalificar 311 hectáreas —el distrito Centro ocupa 523— y construir varias infraestructuras. Con las plusvalías obtenidas, se sufragarían todas las obras públicas proyectadas por Fomento y el Consistorio.
Pero los planes de Manuela Carmena seguían otros derroteros. La alcaldesa quería una actuación “más sostenible” y dar un peso mayor a la “gestión pública”, y el pasado 25 de mayo decidió enterrar la operación con el apoyo de los socialistas. Unos días antes, el 11 de mayo, presentó una nueva iniciativa, a la que bautizó Madrid Puerta Norte, sin haber negociado previamente con los promotores.
La propuesta incluye la misma edificabilidad, pero sin contar la superficie de las carreteras ni las vías del tren que Distrito Castellana Norte (participada en un 75,5% por BBVA y en un 24,25% por la constructora San José) sí había contabilizado. De esta forma, se rebajan las viviendas previstas a la mitad, se reducen las infraestructuras a construir y la superficie total de la operación queda en 1.744.549 metros cuadrados.
La decisión provocó críticas del Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y Distrito Castellana Norte. El Gobierno regional ha decidido ahora dar un paso más presentando el recurso ante el TSJM, con el objetivo de que se pronuncie sobre la legalidad o no del acuerdo plenario que dio carpetazo a la actuación tal como estaba prevista.
Cifuentes considera que la presentación del contencioso administrativo no conculca la autonomía municipal y dice esperar que no suponga un enfrentamiento con el Ayuntamiento de Ahora Madrid. “Renunciar a hacerlo sería una dejación de funciones”, indicó ayer en rueda de prensa, sobre todo porque considera que el cambio de plan implica un “grave perjuicio para los madrileños”.
El recurso indica que, pese a la negativa unilateral del Ayuntamiento a negociar un nuevo convenio para desarrollar el plan parcial, existe un acuerdo firmado entre todas las Administraciones, que sigue vigente. “Por lo tanto, también la obligación del Consistorio de aprobar dicho plan”, puntualiza. Algo que cree que se ha pasado por alto.
La Comunidad de Madrid considera, al mismo tiempo, que Carmena ha interpretado de forma “interesada” la Ley del Suelo para anular el desarrollo de la macro operación urbanística. “Aun teniendo la potestad de planeamiento, no puede adoptar acuerdos sin motivación suficiente, porque podría incurrir en una desviación de poder”, concreta el Gobierno regional en un comunicado. Distrito Castellana Norte presentó un recurso similar ante el mismo tribunal la semana pasada.
Presión ministerial
El Ministerio de Fomento, por su parte, envió una misiva al Ayuntamiento el 23 de mayo, en la que le exigía la “aprobación definitiva” en el pleno municipal del plan acordado con la anterior corporación, del PP, en enero de 2015. Dicha propuesta fue consensuada por varias personas que ya no están en los cargos que entonces desempeñaban: la ministra Ana Pastor; el presidente regional, Ignacio González; y la alcaldesa, Ana Botella, todos del PP. El nuevo proyecto sustituía los planes anteriores, que fueron anulados por el TSJM en 2013. Botella no quiso aprobarlo antes de las elecciones de mayo, que hicieron alcaldesa a Carmena.
El ministerio insistía en que había invertido “en torno a 700 millones en obras, todo ello para cumplir compromisos asumidos y ratificados por el Ayuntamiento, en la confianza legítima de que serán resarcidos”. Entre esas obras, el nuevo túnel de conexión para el AVE Atocha-Chamartín, la remodelación de la estación y el tren de cercanías entre el Aeropuerto de Barajas y la ciudad.
El PSOE pide a la presidenta que “se dedique a lo suyo”
La portavoz socialista de Desarrollo Urbano Sostenible en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, ha criticado con dureza el recurso presentado por Cifuentes. El PSOE apoyó la decisión de Ahora Madrid de no aprobar el plan parcial de Castellana Norte. González ha recomendado a la presidenta regional que “que se dedique a lo suyo, que es presidir la Comunidad”, y no a recurrir “decisiones soberanas del pleno” municipal, en declaraciones a Europa Press. En su opinión, lo que tiene que hacer Cifuentes es “defender los intereses de los madrileños”, y “si se quiere convertir en aliada de una empresa privada (Distrito Castellana Norte), que lo diga”.
Para González, la actitud de Cifuentes tiene tintes “esquizofrénicos”, porque no se puede pasar de salir “del brazo” de una comida con la alcaldesa, Manuela Carmena, “a recurrir decisiones del pleno, que es soberano”. La concejala ha defendido el proyecto del Consistorio, que se aleja del modelo del “ladrillo y la burbuja inmobiliaria pinchada”.
El Ayuntamiento se muestra más comedido e indica que “respeta” las decisiones que puedan tomar otras Administraciones o instituciones. Fuentes municipales recuerdan que la decisión de anular el proyecto se llevó a cabo “tras un exhaustivo estudio jurídico y de todos los trámites preceptivos”. El Ayuntamiento actúa “con el absoluto convencimiento” de que la nueva propuesta garantiza el desarrollo “sostenible” del ámbito paralizado durante más de 24 años.
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