La Fiscalía se querella contra un exdiputado del PP por defender con datos falsos a un narco

La Fiscalía de Vigo se ha querellado contra el que fuera senador y diputado nacional del PP entre 1996 y 2008 Carlos Mantilla, por un presunto delito de perjurio. La querella se basa en el informe pericial que Mantilla hizo como auditor del patrimonio del histórico narcotraficante Juan Carlos González Martín, Culebras, y que se presentó como prueba de la defensa en el juicio que se celebró contra él en la Audiencia de Pontevedra en 2014 por el que fue condenado por narcotráfico y blanqueo.

La querella fue admitida a trámite por un juzgado de Vigo donde se instruyen diligencias de investigación y la fiscalía ya ha anunciado que presentará escrito de acusación contra el expolítico por falso testimonio, por lo que acabará sentado en el banquillo. Para el ministerio público, los informes periciales del exdiputado y auditor "fueron más allá de una mera defensa para caer en la falsedad", ya que Mantilla no pudo acreditar con datos oficiales que el origen de la fortuna de Culebras fueran los beneficios que generaron la explotación de cuatro salas de bingo en Portugal. Las autoridades lusas no pudieron corroborar estas afirmaciones, lo que dio pie a la querella de la fiscalía.

Juan Carlos González, Culebras, fue acusado de blanquear más de 20 millones de euros pero Mantilla rebatió los argumentos del fiscal antidroga, Luis Uriarte. Mantila defendió ante el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia un informe elaborado por él en el que justifica que el insólito enriquecimiento de Culebras y su familia provenía de sus inversiones inmobiliarias en Vigo y que este tenía su origen en la explotación de los bingos en Portugal en los años ochenta.

Mantilla, que fue concejal del PP en Vigo (1983-1991) y vicepresidente de la Diputación de Pontevendra (1987-1991), sostuvo ante el tribunal que el ingreso en un banco de la localidad lusa de Viana do Castelo de 5,8 millones de euros el 28 de junio de 2006 por la familia del narcotráficante no procedían del tráfico de drogas, como afirmó el fiscal del caso y luego confirmó la sentencia, sino de sus negocios legales.

A las preguntas del fiscal, Mantilla dijo en el juicio que su informe sobre la contabilidad de Culebras fue obtenido al extrapolar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la capacidad de ahorro y la renta de las familias de Pontevedra. Pero tras un intenso cruce de argumentos con el fiscal, Mantilla admitió que en realidad su informe se basó en un estudio hecho por alumnos de la Universidad de Málaga en el que se recogen datos estadísticos.

El fiscal ya pidió al tribunal que dedujese testimonio de la declaración de Mantilla como testigo por incurrir en un posible delito de perjurio, tras denunciar que su informe pericial no se basaba en “ningún documento público ni en datos oficiales”. Según el polémico informe pericial del expresidente del PP de Vigo, la inversión y financiación son coincidentes porque el patrimonio declarado en 1988 era de 115 millones de pesetas, cifra que, aseguró Mantilla, “hoy se podría multiplicar por cuatro”. Además, la renta bruta familiar entre 1986 y 2006 se elevó a 2,3 millones, mientras que su capacidad de ahorro y, por tanto, de inversión fue de 900.000 euros.

El perito defendió que la suma de las inversiones y financiación relacionadas con el narcotraficante en los años investigados por la Agencia Tributaria “son coincidentes” y ello justificaría la adquisición de todo su elevado patrimonio. Pero el perito, según el fiscal, sólo contabilizó los bienes que la familia tiene a su nombre y no incluyó las joyas, 79 obras de arte, una finca en San Adrián del Valle (León), dos yates y varios coches de alta gama por valor de 2,3 millones de euros.

Sobre el ingreso de 5,8 millones que en un mismo día hizo el acusado —que percibe una pensión de invalidez desde 1980— en una sucursal bancaria de la localidad portuguesa de Viana do Castelo, el perito aseguró que ese dinero procedía de los beneficios que Culebras cobró en efectivo —10,7 millones— de los bingos que administraba en Portugal. El fiscal tachó de “falso” este argumento porque González Martín,aseguró, “no tributó ni un solo euro a la Hacienda lusa” y además no quedó ningún rastro bancario de que a partir de 2002 cambiase los escudos por euros. “Si es verdad que había ganado 15 millones de euros en Portugal, ¿qué necesidad tenía de vender 800 kilos hachís por lo que fue condenado?”, se preguntó Uriarte en el juicio.