La salud: una cuestión de sentido común

No es nada sencillo captar los matices de los gestos y maniobras políticas que ocurren en medio de un escenario convulso, como lo es una campaña electoral. Los actores políticos son muy conscientes y lo aprovechan para subir la voz o decir palabras duras en medio de un océano de ambigüedad donde se mezclan aguas de escepticismo; una mala marea que predispone a los marineros a escuchar los cantos de sirenas mientras las naves se ven sometidas a vaivenes ruidosos en la “superficie mediática”.

A finales del años setenta, a Margaret Thatcher no se le hubiera ocurrido atreverse a plantear privatizar el sistema nacional de salud (NHS) de forma masiva, cosa que han defendido alegremente los diputados laboristas durante las últimas dos décadas. El pilar central del sentido común se había desplazado. En Cataluña, esto se está preparando desde hace más de treinta años y ahora estamos en la batalla final, durante la cual se puede acabar implantando en la conciencia colectiva que no todo el mundo tiene el mismo derecho a la salud y que pagar para obtener una mejor asistencia sanitaria es legítimo.

En una entrevista a EL PAÍS el 19 de junio, el consejero de Salud, Antoni Comín, afirmaba lo siguiente: “No queremos prohibir la actividad privada de los operadores públicos porque es una fuente de financiación a la que no podemos renunciar. En estos momentos hay muchos proveedores públicos que cuadran su presupuesto gracias a esta actividad privada. Lo que tenemos que hacer es regularla bien para minimizar los riesgos de equidad que esta actividad genera”. ¿Cómo es esto? ¿Dónde están las cifras concretas que sostengan la afirmación de que globalmente la pública “cuadra presupuestos” gracias a la actividad privada? ¿Por qué todavía habla de aquello "público" cuando realmente quiere un gobierno crecientemente controlado por la ideología e intereses privados? Sabemos perfectamente que las modificaciones del modelo catalán acontecidas desde los años ochenta han perseguido que la parte pública incluya actividad privada y dependa de esta, pero no queremos de un supuesto político “progresista” que nos explique cuál es el status quo, sino que cumpla su palabra y genere un sistema equitativo, sostenible y desmercantilizado. No queremos que se nos insulte, como usuarios y contribuyentes, y por lo tanto fideicomitentes del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

Es evidente que Comín, licenciado en filosofía, ha leído a Kant, Locke y Rousseau y por lo tanto sabe que nos engaña cuando nos quiere hacer creer que nos trata como agentes maduros de una relación fiduciaria establecida en la Constitución, individuos responsables con voz y voto, capacidad de informarnos y de exigir de nuestros representantes que persigan el bien común y no el de determinadas élites. Es difícil de entender cómo un individuo supuestamente de izquierdas puede caer en oxímoros tan descarados como el de garantizar la equidad, que no es un término económico sino principalmente ético, en un ambiente mercantilizado.

A todos nos preocupa nuestra salud, la propia y la ajena, porque sin un sistema sanitario realmente público, equitativo y de calidad nadie tiene ninguna garantía. Así pues, no dejemos que nos impongan su sentido común.

Juan M. Pericàs se médico especialista en Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas en el Hospital Clínic de Barcelona e investigador colaborador Greds-Emconet (UPF)