Colau ordena el cierre del CIE por falta de licencia

El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cese de actividad del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca por falta de actividad. La instalación está clausurada desde el pasado 5 de noviembre por reformas y el Ministerio del Interior tiene la intención de reabrirla en los próximos días. Sin embargo, el consistorio argumenta que no cuenta con licencia de actividad y en eso fundamenta la orden de cese, según informa El Periódico.

Desde la Jefatura Superior de Policía se asegura que el proceso sigue adelante, y que la última palabra para decidir cuándo se pone en marcha la tiene el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El CIE de Zona Franca se creó en 2006, pero en realidad fue fruto del traslado del anterior centro de internamiento, que estaba situado en los sótanos de la comisaría de La Verneda, en Rambla de Guipúzcoa.

Con el cierre del CIE, tanto el Parlament como la Generalitat, como diversos ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona, exigieron que no volviese a abrir. Pero el Ministerio del Interior, del que depende, siempre ha defendido la necesidad de esa infraestructura, para materializar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular. Sobre todo aquellos que acumulan antecedentes o que tienen conmutaciones de pena, aseguran.

Los policías ahora están haciendo los traslados de personas con orden de ingreso en un CIE a otros centros de Valencia, de Madrid o incluso de Murcia. Tras el cierre, Interior comunicó que se abriría el 16 de junio, pero la fecha se postergó hasta después de las elecciones, alegando que quedaban pendientes "flecos administrativos". Además del problema con la licencia de actividad, Colau también ha argüido que incumple la normativa de Seguridad y Prevención de Incendios.

Mientras, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una comisión de oficio ante el anuncio de que vuelve a ponerse en marcha el centro de manera "inminente".  “Hace falta un análisis del hecho desde la perspectiva del derecho de las personas”, ha pedido en rueda de prensa. Una vez más, Ribó ha expresado su posición contraria a este tipo de recintos, y ha insistido en que los CIE son "instalaciones penitenciarias" donde se encierra a personas que han cometido faltas administrativas.

Ribó ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia y a la delegación de Gobierno que compruebe si las "instalaciones garantizas que se cumplen los tratados internacionales sobre derechos humanos". También ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona información sobre las licencias de obra y ambientales, y al Instituto Catalán de la Salud sobre el modelo y los recursos de asistencia sanitaria.

También demanda que se compruebe si realmente se han llevado a cabo las mejoras que exigían los jueces que tutelan el centro de internamiento, y que motivaron la reforma, que mantiene el CIE cerrado desde noviembre. El síndic pide su cierre definitivo, y esta es la décima actuación de oficio que lleva a cabo para denunciar la precariedad del centro.