Un grupo utilizaba a personas excluidas para pedir créditos
Les pedían el DNI bajo el pretexto de darles un trabajo y luego lo usaban para contraer préstamos
Extorsión, coacciones, amenazas, falsedad documental, receptación y pertenencia a grupo criminal son los delitos que imputa la Guardia Civil a un grupo dedicado a contactar con persona excluidas socialmente y de contraer en su nombre créditos. Los agentes del Equipo de Policía Judicial de Collado Villalba ha localizado a una decena de víctimas entre las provincias de Toledo y Madrid, según ha informado esta mañana la Comandancia de Madrid del instituto armado. En algunos casos, las deudas contraídas superan los 20.000 euros.
El Equipo de Collado Villalba inició las investigaciones en enero, cuando acudió una persona al puesto y denunció que desde agosto de 2015 le estaban extorsionando un grupo de personas. Estos le habían prometido un trabajo, por lo que les dejó su carné de identidad con el que abrieron una cuenta bancaria.
Los agentes ampliaron sus investigaciones a más personas que pudieran haber caído en el entramado de esta organización. Su perfil era claro. Aprovechaban su falta de trabajo, o la adicción a sustancias estupefacientes, por un módico precio obtuvieran créditos de los que se beneficiarían, quedándole a las víctimas la deuda a la que no podían hacer frente.
Los datos aportados por las víctimas permitieron localizar a uno de los integrantes. Las pesquisas permitieron demostrar que se trataba del cabecilla de la trama. Se caracterizaba por moverse con mucha facilidad por los ambientes marginales, en los que seleccionaba a sus víctimas. Eso sí, debían de carecer de antecedentes y no haber solicitado ningún tipo de crédito. Una vez que los localizaba, y gracias a falsas promesas se hacía con su carné de identidad. Este documento era traspasado al siguiente escalón de la banda, que lo utilizaba para falsificar la documentación necesaria.
Esta parte del grupo le daba de alta en la Seguridad Social. También falsificaba su vida laboral. Cuando tenía toda la documentación, obligaba a las víctimas a acudir a las financieras a solicitar los créditos. Otra opción era comprar productos financiándolos, amenazándoles con hacerles daño si no lo hacían.
El estudio de la documentación facilitada por las entidades financieras permitió descubrir el patrón de las víctimas. También centró los domicilios en los que se habían asentado las razones sociales de los solicitantes de los créditos. Se encontraban en las localidades toledanas de Talavera de la Reina, Buenasbodas, Santa Olalla y Mejorada.
Los guardias civiles detuvieron en estas localidades a los integrantes de la banda, tras identificarlos. Todos son de nacionalidad española. También localizaron a las personas y establecimientos que adquirían los productos financiados a un precio inferior al del mercado. Estas también han sido detenidas.
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