Colau intenta sin éxito frenar la rebelión contra el ‘top manta’

El top manta promete convertirse en uno de los temas calientes del verano en Barcelona. Las críticas contra el fenómeno de la venta ambulante —ilegal en sí mismo—, y contra la gestión que está haciendo el gobierno de la alcaldesa Ada Colau, alcanzaron ayer su nivel máximo con la presentación de un inédito y contundente manifiesto de un centenar de entidades de comerciantes y restauradores de toda la ciudad y, en especial, de la Barceloneta, donde también una de las asociaciones de vecinos firma el texto.

Desde hace unas semanas, en el paseo de Joan de Borbó, centenares de vendedores forman un mercado con puestos a lado y lado a lo largo de 500 metros de largo. Los comerciantes amagaron ayer incluso con movilizarse si el consistorio no toma medidas urgentes y contundentes.

El clamor se produjo la víspera de que el gobierno de Colau presente este jueves su plan para “evitar”, según el propio consistorio, la venta ambulante ilegal. Por la tarde, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, avanzó el plan a los comerciantes. Salieron de la reunión “decepcionados” y tachando las medidas de “insuficientes” y, en palabras del presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, “ridículas contra la impunidad” ante la venta ambulante ilegal.

El vicepresidente de la Fundació Barcelona Comerç, que agrupa a los ejes de los barrios, Salva Vendrell, habló también de “medidas insuficientes y lights”. “No creemos que tengan efecto”, lamentó sobre propuestas como concienciar a los turistas que compran en el top manta.

Vendrell explicó también que el Ayuntamiento mantiene que “no tiene efectivos policiales suficientes para echar a 800 o 900 vendedores”, a lo que los comerciantes respondieron que se trata de evitar que ocupen el espacio público de buena mañana. Añadió que Pisarello reconoció errores, “que debería haber asumido el tema el Gobierno y no una mesa de diálogo” y que admitió “que la solución no será cuestión de un día”.

El manifiesto de los comerciantes critica la invasión del espacio público “ante la pasividad municipal” y, aunque reconoce que la venta ambulante ilegal ni es nueva ni se produce solo en Barcelona, acusa al actual consistorio de afrontarla “con un buenismo ingenuo” que lejos de resolver el problema, provoca “efecto llamada”.

Los firmantes entienden que la administración debe atender la situación de ilegalidad de los manteros, pero también llaman a preservar sus derechos, además de recordar que su actividad no paga impuestos. Entre los firmantes del manifiesto figuran desde los ejes comerciales de los barrios o los del centro; decenas de gremios (de los panaderos hasta el comercio textil) y el gremio de hoteles; además de tiendas, bares y restaurantes de la Barceloneta o el museo de Historia, que está en la zona.

La presidenta de los comerciantes del barrio, Maria José López Samper, y el de los comerciantes del centro, Gabriel Jené, advirtieron a Colau de que se manifestarán si no toma medidas urgentes. “Reclamamos medidas concretas, hace un año que se habla de la cooperativa [para dar salida laboral a los manteros] y de muchas cosas, pero no se ha hecho absolutamente nada”, criticaron.

Las ventas caen entre el 15% y el 50% donde hay venta ambulante ilegal

Los comerciantes cifran el impacto económico del top manta en caídas en la facturación que oscilan entre el 15% de los restaurantes y bares de primera línea, hasta el 30% o incluso el 50% de bajada de ventas en función de la ubicación de las tiendas y los artículos que venden. El representante de la Asociación de Defensa de la Marca, José Antonio Moreno, alertó incluso de que conoce firmas de ropa que no invierten en Barcelona debido al fenómeno, aunque no quiso dar detalles ni revelar los nombres.

Habitualmente vehemente, Jené habló de “ineficacia total” y de un ayuntamiento que “tiene la ciudad descontrolada”. “Barcelona es el paraíso del top manta, cualquier operador de productos falsificados la toma como su mercado por su permisividad”. Los firmantes del manifiesto lamentaron que llevan un año “de despacho en despacho: delegación del Gobierno, Generalitat, Fiscalía...”, pero que nadie resuelve la situación. Exigen que cualquier medida que se tome no sea un parche y “tenga continuidad”.