Seis años después

El Tribunal Supremo ha resuelto definitivamente el caso del hotel del Palau certificando la inexistencia de delito alguno en el proceder de la cúpula del urbanismo barcelonés. Al no haber ningún supuesto de delito de tráfico de influencias como la fiscalía ha mantenido contra viento y jurisprudencia durante seis años, la absolución ha beneficiado también a Millet y Montull, los dos expoliadores confesos de la institución cultural, aportando así más confusión e indignación por el retraso acumulado en la tramitación del auténtico y escandaloso caso del Palau de la Música.

Entiendo la perplejidad ciudadana ante la situación, pero la responsabilidad de la misma hay que buscarla, exclusivamente, en aquellos que nos acusaron de delitos inexistentes, con la intención de crear un caso ficticio para paliar el malestar de la opinión pública por los retrasos del juicio a Millet y Montull por la causa madre, el de la apropiación y desviación a un determinado partido de parte del dinero de la institución. Cuesta identificar otro motivo para comprender la persistencia de la fiscalía, a la que no sería lógico atribuir el desconocimiento de la posición doctrinal del Supremo ante el tipo penal del tráfico de influencias, reiterado en diversas sentencias anteriores.

Una actitud como esta, incalificable desde el punto de vista jurídico, puede entenderse en la acusación popular dirigida por el actual teniente de alcalde Jaume Asens, dedicado durante estos años a combatir y desprestigiar políticamente la práctica urbanística desarrollada por el área de Urbanismo durante la profunda, transparente y exitosa transformación urbana de Barcelona, dirigida por los alcaldes socialistas Pasqual Maragall, Joan Clos y Jordi Hereu. Cumplido el penoso y largo trámite procesal para llegar a dónde hemos llegado, es de justicia plantearse algunos interrogantes. ¿Cómo es posible que la Fiscalía diera curso a la denuncia y la sostuviera con pasión a pesar de las evidencias de su falsedad ratificadas por el Tribunal Supremo? ¿Cuál ha sido la razón última de la cooperación entre los obligados a mantener el principio de legalidad con los adversarios ideológicos del urbanismo municipal?

Ciertamente, los que hemos vivido la pena de ser señalados como delincuentes durante seis años hemos sido los integrantes de la denominada cúpula de Urbanismo, pero el objetivo evidente del caso construido sin fundamento era sentar en el banco de los acusados a la gestión urbanística de la ciudad en su conjunto, protagonizada por cientos de profesionales, arquitectos, abogados y políticos, respetados y reconocidos internacionalmente por su forma de hacer y los resultados obtenidos. Se construyó un caso político para acabar con el prestigio del urbanismo made in Barcelona . Felizmente, han fracasado.

La invención del caso ha tenido sus consecuencias, todas nefastas. Sus promotores han regalado una victoria gratuita a Millet y Montull, blanqueando su historial de delincuentes. Sin embargo, lo que me parece más relevante y grave desde una perspectiva social y política, es la derrota que los creadores del caso han infligido a la credibilidad de quienes combaten la corrupción diariamente, desde los tribunales y desde los gobiernos, y al desánimo que habrán causado en los ciudadanos que mantienen viva la esperanza de acabar cuanto antes con esta lacra de la sociedad.

El precio de tanta irresponsabilidad ha sido la pena a la que nos condenaron, desde el primer día, a quienes siempre hemos sido inocentes, pero hemos tenido que vivir como acusados por una supuesta conducta delictiva inexistente. Ha sido una dura experiencia personal inmerecida, a la que hemos arrastrado inevitablemente a nuestras familias; juntos hemos recorrido un calvario difícil de describir en pocas palabras, pero altamente injusto y cruel; un trayecto en el que descubres el valor de la confianza de los amigos y del respeto profesional de los colegas pero también la fragilidad de la solidaridad política y la frivolidad de los aficionados a los juicios paralelos.

Ramón García-Bragado Acín es exteniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.