La CUP se escuda en los diputados para rebatir el ataque de los críticos
La formación anticapitalista inicia el proceso de renovación de su secretariado
El Secretariado nacional de la CUP abrió ayer el proceso electoral para renovar el órgano, integrado por 15 personas y que había sido elegido hace un año en la asamblea de Castellón. El proceso se prevé que dure meses. El órgano, que estará en funciones, preparará ahora un reglamento electoral que deberá aprobar el Consejo político, formado por las asambleas territoriales. Tras la crisis generada por la dimisión de seis miembros del secretariado, que acusó a la cúpula de actitudes “sectarias” e incumplir los estatutos, la CUP afirmó en una nota oficial que los diputados y exdiputados de la organización amparan su gestión.
La reunión del secretariado se celebró en la sede de la CUP y la organización ya avisó que no haría declaraciones. Pese a ello, el partido asambleario recalcó que los diputados y exdiputados de la formación —algunos de ellos en el cónclave— destacaron que “pese a la dureza del último periodo político la labor asamblearia y democrática de la CUP ha sido lo más acertada posible”, rezaba la nota. A la reunión, según las imágenes que facilitó la CUP, asistieron los diputados Eulàlia Reguant, Mireia Vehí, Joan Garriga, Benet Salellas y Albert Botrán. Este último es de la corriente Poble Lliure, que exige mejoras democráticas en la organización aunque se desmarcó de las seis dimisiones.
"No buscamos la partición"
Dos de los miembros del secretariado que dimitieron el viernes, Roger Castellanos y Tomàs Sayes, rechazaron ayer que persigan la división de la CUP. "No proponemos una participación sino que nos remitamos a los principios fundacionales y constituyentes de la CUP y de nuestro programa, de nuestra forma de funcionar y de los mecanismos que reivindicamos como organización radicalmente democrática y asamblearia". En declaraciones a Catalunya Ràdio, Castellanos propuso un "marco de debate con todas las garantías para poder debatir a fondo sobre qué se entiende por el proceso independentista y en qué pieza del engranaje se posiciona la CUP", para acabar con la "polarización" del partido. Castellanos admitió que "la gente ha tenido más claro el papel que tenía la CUP que la propia CUP, y por eso es necesario un debate profundo a todos los niveles de la organización, porque ha faltado poder llevar a cabo el papel de acelerador y de garantía del proceso que otorgaron a la CUP las ultimas elecciones del 27 de septiembre".
Con esa referencia, la ejecutiva de los anticapitalistas se escudó en los parlamentarios para rebatir las durísimas críticas de los seis miembros del secretariado dimitidos. En su escrito, los firmantes confesaron haber sido testigos de actitudes “sectarias y maquiavélicas” y que en las decisiones cruciales se había incumplido de forma interesada los estatutos para condicionar el debate político en temas como el de la investidura o de los presupuestos. El secretariado insistió en que no comparte las razones de esas dimisiones y que pidió sin éxito que se reconsideraran. “Tanto el secretariado como la militancia y el grupo parlamentario continúan trabajando por la República catalana”, señala la nota, que reivindica de nuevo el referéndum unilateral de independencia en esta legislatura. Esa consulta es bien vista por Esquerra y y la portavoz del Ejecutivo, Neus Munté, no la descartó. Sin embargo, Francesc Homs, candidato de CDC, la rechaza.
El proceso de relevo será largo y la formación prevé que culmine este verano y antes de se celebre la cuestión de confianza a la que se someterá Carles Puigdemont en septiembre tras la Diada. En la asamblea de Esparraguera, que liberó a la CUP del compromiso que había firmado con Junts pel Sí, se acordó un nuevo sistema para escoger al secretariado. De los 15 miembros, la idea es que 11 conformen una lista cerrada y que los otros cuatro que respondan a candidaturas individuales. El secretariado provisional preparará el reglamento electoral, que aprobará el Consejo Político. La previsión es que esté listo en dos o tres semanas y que contemple el voto telemático que se acordó en Esparraguera.
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