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RTVV

El Consell autoriza el traspaso de los bienes de RTVV a la nueva Corporació

La Abogacía de la Generalitat emprenderá acciones por el contrato de la sede de Alicante

La portavoz del Consell, Mónica Oltra.
La portavoz del Consell, Mónica Oltra.

El Consell ha aprobado hoy que los liquidadores de la antigua Radiotelevisió Valenciana SAU (RTVV) realicen las operaciones mercantiles necesarias para que adjudiquen a la Generalitat todos los bienes y derechos de la sociedad en extinción.

La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha explicado tras la reunión semanal del Gobierno valenciano que la decisión se produce después de que la semana pasada el pleno de las Cortes aprobara la tramitación de la ley para la puesta en marcha de la nueva RTVV, que pasará a llamarse Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Este acuerdo convertirá a la Generalitat en garante legal del pago de las deudas de la sociedad en extinción y cederá a la Administración valenciana todos los activos necesarios para la prestación del servicio público autonómico de radio y televisión por parte de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

El acuerdo del Gobierno valenciano también autoriza a los liquidadores de RTVV a resolver el contrato donde se ubicaba la sede de la televisión pública en Alicante, suscrito en 2002 con la mercantil Mizquitillas para la sede de RTVV. Oltra ha indicado que la Abogacía de la Generalitat estudiará las actuaciones legales necesarias para defender los intereses públicos ante lo que considera un contrato abusivo, ya que el edificio fue financiado por RTVV además de comprometerse a pagar un alquiler mensual por el terreno de más de 18.000 euros más IVA hasta el año 2035.

El contrato firmado en 2002 incluye, como condición resolutoria expresa, la extinción del derecho de superficie en el caso de que se dejen de pagar seis mensualidades, así como que el edificio pase a manos de la mercantil, algo que hubiera sucedido también aunque se hubiera seguido pagando el canon hasta 2035, dado que el contrato así lo estipulaba también.

Actualmente, la sede de Alicante, que costó 4,48 millones de euros al erario público, se encuentra vacía y lista para su entrega.