Las entidades ven a la Generalitat “impotente” ante las suministradoras
La Agencia de Consumo ha puesto 18 multas a empresas que hacen cortes a familias vulnerables
Entidades sociales, ayuntamientos, Generalitat, bancos y empresas suministradoras se reunieron ayer en la mesa de emergencia social promovida por el Govern. Un encuentro en el que la Generalitat mostró sus planes para sustituir la parte suspendida de la ley antidesahucios y contra la pobreza energética pero que, de acuerdo con las entidades y los sindicatos, también evidenció la “impotencia” del Gobierno catalán a la hora de hacer cumplir lo relacionado con los cortes a las familias vulnerables.
El Departamento de Gobernación lleva la batuta de la redacción de la ley que suplirá la recurrida por el PP. El presidente Carles Puigdemont puso un mes como límite para redactar la norma, pero miembros del Govern reconocen que se demorará más.
La fórmula, que las partes aceptan que no es sencilla, pasa por darle peso a los ayuntamientos, que a su vez piden más seguridad jurídica. Se triplicará el número de municipios (ahora 72) que podrán comprar vivienda gracias al derecho de tanteo y retracto. Endesa también agilizará la conexión de las familias realojadas en pisos públicos.
18 multas por cortes
“Una reunión en la que hablan 55 personas no es operativa”, criticó Enriqueta Durán, representante de UGT. Las entidades ven positivo que se trabaje en la nueva norma pero piden aplicar los artículos vigentes. Tras 10 meses de vigencia de la norma, no se han cerrado los convenios con las suministradoras a los que hace referencia la ley. “No hay valentía a la hora de hacerla cumplir”, dijo María Campuzano, de la Plataforma contra la pobreza energética.
El hecho de que los representantes de los bancos y de las suministradoras no hicieran uso de la palabra molestó especialmente a las entidades. “Nos gustaría saber qué opinan”, dijo Teresa Bermúdez, representante de Cáritas. Las empresas aseguran que hay conversaciones “discretas” y defienden que a nadie se le corta el servicio si tiene el certificado de vulnerabilidad. La Agencia de Consumo explicó que ha impuesto 18 multas por cortes indebidos. Cada una es de 10.000 euros.
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