Puig acusa a Camps de beneficiar a la universidad privada ilegalmente
El presidente desvela que la fundación que organizó la visita del Papa en 2006 se gastó 1,7 millones en hoteles y 1,5 millones en el altar
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha responsabilizado hoy al expresidente popular Francisco Camps de haber cometido una ilegalidad por autorizar que los estudiantes de las universidades privadas que imparten Ciencias de la Salud realizasen prácticas de manera gratuita en los hospitales públicos.
El jefe del Consell, que ha acudido hoy a la sesión de control de las Cortes Valencianas, ha insistido en que la Generalitat hace "lo mismo que la inmensa mayoría de comunidades autónomas y aplica la ley de incompatibilidades". En respuesta al portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, el presidente del Gobierno valenciano ha asegurado que todos los alumnos que ya están matriculados podrán realizar prácticas, pero ha advertido: "No hay libertad sin igualdad de oportunidades".
En este debate también han participado los consejeros de Educación, Vicent Marzà, y de Sanidad, Carmen Montón, que ha recalcado que hay una masificación de estudiantes de Ciencias de la Salud y que se tendrá que reordenar la oferta de plazas. Montón ha recalcado que con el PP la ley de incompatibilidades no se cumplía.
Un altar de 1,5 millones
Durante la misma sesión de control parlamentario, Puig ha explicado que la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias —que el PP constituyó a través de la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia, se gastó 1,5 millones de euros para construir el altar donde el Papa Benedicto XVI ofició la misa en 2006. El jefe del Consell también ha desvelado que esta fundación desembolsó 1,7 millones de euros en alojamientos hoteleros.
Los datos se han ofrecido en respuesta a una pregunta de Compromís sobre las fundaciones de la Generalitat. Puig ha anunciado un proyecto de ley que pondrá punto final al "despilfarro de los recursos públicos de los valencianos y aplicará transparencia y control" en este sector.
El presidente ha afirmado que el PP convirtió la visita del papa "en un acontecimiento de corrupción más", que costó a las arcas públicas más de 22 millones de euros y que según el informe de la Intervención de 2010 sobre esa fundación hubo una "ausencia general" del cumplimiento de la legalidad y control en las contrataciones.
Durante su intervención, Ximo Puig ha manifestado que quedan 11 fundaciones públicas activas y cuatro en proceso de liquidación, que tienen contratadas a 1.200 personas, la mayoría en fundaciones sanitarias. "Hay que dar un giro de 180 grados a la gestión que han tenido", ha dicho Puig que prepara una nueva ley que equipare los mecanismos de control de las fundaciones al de las empresas del sector público.
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