Campaña (post) electoral

Empieza la cuenta atrás para el inicio oficial de la campaña electoral del 26-J. Tras fracasar estrepitosamente en el intento de formar una coalición parlamentaria para la investidura de un presidente del gobierno, las formaciones políticas españolas intentarán convencer a los electores de que en esta ocasión serán más aplicadas y resolutivas. Sin embargo, para ello han de plantear una campaña radicalmente distinta de la del 20-D y tratar de construir un marco postelectoral adecuado para la negociación y el acuerdo.

Los candidatos deberían saber diferenciar entre líneas rojas y visiones dispares, entre vetos a personas y rivales políticos, entre insultos y discrepancias, entre ofender y debatir. De aquellos polvos de la campaña del 20-D vinieron los lodos de la investidura frustrada. Ahora no pueden repetir los mismos errores, aunque el intento fallido de investidura, las presiones y los reproches mutuos son un magnífico campo abonado para una despiadada confrontación electoral. Cuando se prepara una campaña sabiendo que los resultados no darán la mayoría absoluta a ninguna fuerza y que generarán un pluralismo parlamentario con pactos postelectorales, hay que evitar la proliferación de líneas rojas, vetos, insultos y ofensas.

El escenario negociador posterior a las elecciones tampoco se construye a base de afirmar en la campaña electoral que “siempre debe gobernar la fuerza política más votada” o que “solo apoyaremos a la lista más votada”. Ningún líder político de un país con cultura coalicional (como la mayoría de los países de la Unión Europea) osaría hacer este tipo de declaraciones, que encorsetan y limitan la política de pactos postelectorales, y que además van en contra de la lógica de funcionamiento de los sistemas parlamentarios. Son muchos los países europeos en los que gobiernan coaliciones que excluyen a la fuerza política más votada y ello no significa ni una deslegitimación democrática del gobierno ni un rechazo social de la coalición gubernamental. Al contrario, implica la formación de un gobierno que, por su naturaleza, aúna más sensibilidades ideológicas que las que pueda sumar una homogénea mayoría electoral.

La campaña del 26-J debería incluir más propuestas susceptibles de ser matizadas y transaccionadas en una posterior negociación, aunque se iniciará solo seis meses después de la del 20-D y habrá poco margen para hacer grandes cambios programáticos sin ser acusados de incoherencia ideológica. Y si, como en las últimas elecciones, la campaña tiene una clara influencia sobre los resultados finales, el temor a la volatilidad electoral puede acentuar la necesidad de marcar perfil y de presentar objetivos de gobierno irrenunciables. Asumir en campaña muchos propósitos como sello inflexible de identidad de las candidaturas dificulta una futura armonización postelectoral, que irremediablemente pasará por un acuerdo sobre políticas gubernamentales y por una rebaja de los programas electorales de los partidos.

Tras ser incapaces de gestionar la pluralidad política surgida del 20-D, las formaciones políticas deberían afrontar la nueva campaña como antesala de su actividad negociadora postelectoral y preparar un contexto político post 26-J óptimo, o al menos no imposible, para formalizar alianzas. En algunos países habituados a los pactos y a los gobiernos compartidos, como Holanda o Alemania, la campaña no solo sirve para presentar proyectos de gobierno dispuestos a ser consensuados, sino también para iniciar relaciones entre candidaturas, expresar afinidades e incluso para comunicar a los electores sus prioridades a la hora de formar coaliciones postelectorales, ya que consideran que constituye una información esencial para decidir el voto. Es evidente que estos comportamientos preelectorales son más fáciles para los partidos situados en los extremos, como Podemos o PP, que para los ubicados en posiciones más centradas, como PSOE o Ciudadanos, más proclives a la geometría variable y a la función de partido bisagra.

En cualquier caso, en aras de facilitar una futura investidura y un pacto de gobierno, es preferible planificar una campaña electoral responsable, atenuar los mensajes electorales y estar dispuestos a conciliar programas de gobierno. Hay que evitar una campaña que aumente la tensión preelectoral y que siembre cizaña entre eventuales socios de un futuro acuerdo. Es imprescindible planear la campaña del 26-J en clave pre y post electoral, evitando enemistades gratuitas y hostilidades irreparables, y generando complicidades para asentar las bases de una negociación postelectoral.