Colau indulta a los clubes cannábicos que Trias quería cerrar

El plenario de mayo que celebra el Ayuntamiento de Barcelona este viernes ha aprobado definitivamente el Plan Especial Urbanístico que regula los clubes y asociaciones cannábicas de la ciudad. Es un plan que presentó el exalcalde Xavier Trias a pocas semanas de comenzar la campaña electoral de las últimas municipales y contemplaba cerrar 112 de los 123 clubes existentes, porque fijaba, con carácter retroactivo, que no podían estar a menos de 150 metros de equipamientos públicos o locales frecuentados por menores. El redactado definitivo del gobierno de la alcaldesa Ada Colau elimina la retroactividad, unos cierres que hubiesen costado 14,4 millones de euros.

El plan definitivo establece una distancia de 100 metros y ha contado con los votos favorables de Barcelona en Comú, ERC, PSC y la CUP; la abstención de Ciutadans y el no de CiU y PP. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha defendido un plan "consensuado" que "da cobertura a una solución que permite no criminalizar y equilibrar los usos que hay".

Los dos partidos más críticos con el plan han sido CiU y PP. El convergente Jordi Martí han considerado que el plan "promueve el consumo de sustancias nocivas" y ha asegurado que permitirá la apertura de 140 nuevos clubes, que muchos provocan problemas de convivencia y que generan "alarma social". Javier Mulleras, del PP, ha asegurado que Colau está convirtiendo la ciudad de Barcelona en "cannabis friendly" y que el plan "banaliza y socializa el cannabis, que solo debería ser para consumo privado o médico".

El PSC, ahora en el gobierno, no ha intervenido. Y ERC lo ha celebrado por boca de Jordi Coronas: "Regular es prevenir, regula y no prohíbe y no vulnera dos derechos básicos, el asociacionismo y el consumo propio". Coronas ha señalado también que el periodo de carencia para apuntarse a los clubes "acabará con el miedo al turismo cannábico".

Desde Ciutadans, Koldo Blanco ha explicado que su grupo se abstendrá porque aunque es partidario de una "buena regulación no prohibicionista", ha considerado que no debería hacerse a través de un plan urbanístico.