El cercanías a Navalcanero solicita el concurso de acreedores

La sociedad concesionaria Cercanías Móstoles Navalcarnero, perteneciente al Grupo OHL, ha solicitado hoy el concurso voluntario de acreedores por encontrarse en situación de insolvencia. La situación se ha producido tras la denegación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la suspensión cautelar de la multa de 34.080.696,76 euros que la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid le impuso el 11 de febrero de 2016.

El Consejo de Gobierno acordó la multa con posterioridad a que la sociedad concesionaria hubiera pedido la resolución del contrato el 12 de junio de 2015 (fue firmado en 2008), entre otras razones, alegó la empresa, por el supuesto incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de sus obligaciones contractuales. El Gobierno regional siempre ha sostenido que fue la concesionaria quien no cumplió el acuerdo. Los grupos de la oposición en la Asamblea han apoyado en los últimos años sin fisuras al Gobierno en sus reclamaciones.

Cercanías Móstoles Navalcarnero interpuso así un recurso contencioso-administrativo contra la sanción gubernativa de 30 millones el pasado febrero. Antes, en diciembre de 2015, la sociedad ya había llevado el proyecto a los tribunales para exigir la resolución del contrato de concesión y reclamar a la administración una indemnización de 369,5 millones de euros en concepto de inversiones realizadas, así como daños y perjuicios, ya que la línea ha quedado a medio hacer.

El Grupo OHL ha invertido en este proyecto 238,9 millones y reiteradamente ha presentado a la Comunidad de Madrid diversas propuestas que siempre han sido rechazadas por el Gobierno regional.

La historia de esta fallida conexión entre Madrid y el suroeste de la región comienza en 2007 cuando Esperanza Aguirre, candidata del PP a la Comunidad, convierte el proyecto en su promesa electoral estrella para esta zona de Madrid: conectar Atocha, Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero con una línea de cercanías de 14,8 kilómetros de longitud. Tras ganar las elecciones, en 2008 Aguirre coloca la primera piedra y adjudica a OHL la construcción.

La empresa debía invertir en el proyecto 362 millones. OHL correría con todos los gastos y el Gobierno regional le pagaría un canon en función del número de pasajeros que tomasen cada día la línea. Pero las obras pararon por sorpresa en 2010. Todos los intentos por reanudarlas fueron en balde: a la concesionaria no le salían las cuentas, mientras la Comunidad exigía cumplir lo pactado.