Aguirre critica la Operación Chamartín del BBVA y aboga por tirar el edificio España

"No es la catedral de Burgos, me parece muy bien que se rehaga exactamente igual", afirma sobre el rascacielos madrileño

La portavoz municipal del Partido Popular, Esperanza Aguirre, ha señalado esta mañana ante el pleno que Distrito Castellana Norte, el proyecto urbanístico promovido por el BBVA y la constructora San José para el ámbito afectado por la Operación Chamartín, no le gusta más que Madrid Puerta Norte, el plan alternativo presentado hace dos semanas por el Ayuntamiento (Ahora Madrid). “No me gusta la colmatación de viviendas”, ha indicado Aguirre en contra de Distrito Castellana Norte, coincidiendo así en el motivo fundamental esgrimido por Ahora Madrid y el Partido Socialista para enmendar el plan de los promotores privados. Lo que sí ha criticado Aguirre es la falta de respuesta y de iniciativa por parte del Ayuntamiento, que a su juicio ha impedido sacar adelante ningún plan para ese ámbito y, por ende, ha obstaculizado la creación de empleos que ello supondría.

Aguirre, en el pleno municipal de febrero, con Carmena al fondo.
Aguirre, en el pleno municipal de febrero, con Carmena al fondo. CARLOS ROSILLO
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La Operación Chamartín se ideó en 1993, pero la falta de consenso político bloqueó el proyecto durante 15 años. El Ayuntamiento (gobernado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, del Partido Popular) aprobó en marzo de 2011 un plan urbanístico con 11.000 millones de inversión y 17.000 viviendas (4.000, protegidas). La Comunidad de Madrid, en manos entonces precisamente de Aguirre, validó ese proyecto. Pero fue anulado en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En enero de 2015, la ministra de Fomento, Ana Pastor; el presidente regional, Ignacio González; y la alcaldesa, Ana Botella (todos, del PP), anunciaron un nuevo proyecto, que pasó a llamarse Distrito Castellana Norte. Impulsado por el BBVA (75,5%) y la constructora San José (24,5%), el plan redujo la inversión a 5.974 millones de euros pero mantuvo la previsión de levantar 17.699 viviendas (un 10%, protegidas).

Botella no quiso aprobarlo antes de las elecciones municipales de mayo, que convirtieron en alcaldesa a Manuela Carmena. Ahora Madrid había prometido “paralizar las operaciones urbanísticas especulativas” y “rehacer el proyecto urbano de forma participada”. Así que el nuevo gobierno municipal dejó Distrito Castellana Norte en suspenso, y organizó cuatro mesas de debate con expertos y vecinos para diseñar un nuevo plan. Lo presentó finalmente la semana pasada, bautizándolo Madrid Puerta Norte; mañana, el pleno enterrará definitivamente Distrito Castellana Norte con el apoyo de Ahora Madrid y el PSOE

El nuevo plan urbanístico municipal mantiene el mismo coeficiente de edificabilidad que Distrito Castellana Norte, pero reduce la superficie sobre la que se calcula al excluir la red viaria y ferroviaria. El suelo lucrativo queda rebajado así a la mitad. Pasa de 1.774.000 metros cuadrados residenciales a tan solo 458.724, de forma que las viviendas se reducen a 4.600. El suelo terciario (comercio y oficinas) se rebaja de 1.387.000 a 582.275 metros cuadrados.

Esa reducción de plusvalías viene acompañada de menores inversiones, de forma que todo el plan municipal se pueda costear con los beneficios de la venta del suelo público. Está prevista la ampliación de la estación de ferrocarril de Chamartín y de los nudos viarios Norte y de Fuencarral.

"El edificio España no es la catedral de Burgos"

La portavoz municipal del Partido Popular, Esperanza Aguirre, ha asegurado esta mañana en el pleno: "El edificio España no es la catedral de Burgos, me parece muy bien que se rehaga exactamente igual". Se ha alineado con las tesis del grupo chino Wanda, propietario del inmueble, que ha presionado sin éxito al Ayuntamiento de la capital (Ahora Madrid) y al Gobierno regional (Partido Popular) para que le permitan derribar el edificio y reconstruirlo de nuevo. Eso viola el dictamen de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, que señaló que las fachadas y los alzados laterales deben mantenerse.

El empresario Wang Jianlin afirmó en una entrevista el pasado jueves en la televisión estatal china sobre el edificio España: "Es un edificio emblemático, pero no histórico. Por su localización, enfrente del Palacio Real, tiene un valor simbólico. Pero mucha gente sabe que no está protegido por su valor histórico, de hecho se hizo hace 50 años". Esta última afirmación es una verdad a medias: el edificio sí está protegido, aunque es cierto que pesa en ello más su valor simbólico que arquitectónico.

Sobre su proyecto de reforma, Wang explicó: "Han sido los expertos españoles, no nosotros, los que dijeron que la corrosión de las barras de acero ha provocado que el edificio no pueda aguantar su peso y que tenía que ser demolido. No soy un tirano, nunca querría derribarlo si pudiera usarlo. Además, el coste de renovarlo es mucho menor al de reconstruirlo". Los expertos a los que se refiere son empresas contratadas por Wanda para su proyecto; el Ayuntamiento ha aportado informes que aseguran que la reforma se puede hacer sin tirar el edificio.

Wang explicó en detalle cómo afectó el cambio político de mayo de 2015 (cuando Ahora Madrid sustituyó al PP en la alcaldía) a su proyecto: "El partido que gobernaba entonces estuvo de acuerdo con nuestro modelo de reconstrucción. Pero después de las elecciones el partido de la oposición rechazó el acuerdo que habíamos firmado". Otra verdad a medias: la Comisión Local de Patrimonio Histórico (que controla el Gobierno regional, entonces y ahora del PP), dictaminó en marzo de 2014, es decir, cuatro meses antes de que Wanda comprara el edificio al Banco Santander, que las fachadas no podían derribarse para la reforma. Lo que hizo Wanda el pasado verano es volver a preguntarlo, pero se topó con la misma respuesta tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad: no.

"Como el nuevo gobierno no estaba de acuerdo, no quisimos provocar más y anunciamos la intención de venderlo y cancelar la inversión". En realidad, Wanda nunca ha anunciado a las claras sus intenciones, ni a las autoridades ni a los periodistas. "Entonces, los ciudadanos españoles presionaron al gobierno porque la situación laboral en el país es precaria. Ahora el Ayuntamiento ha vuelto a hablar con nosotros diciendo que sí podemos demolerlo, pero estamos esperando un documento escrito", añadió Wang.

Esto último tampoco es así: el Ayuntamiento, presionado por la acusación del PP de que está dando un portazo a los inversores internacionales, escribió a Wanda para ofrecerse a aprobar su plan de forma expedita si prometía no tirar las fachadas. En abril recibió una respuesta que consideró "satisfactoria", y poco después aprobó el estudio de detalle, que llevaba durmiente varios meses.

El Ayuntamiento no contempla de ninguna manera que se puedan derribar las fachadas, como tampoco la Comunidad. Pero de las palabras de Wang se puede deducir que el único motivo por el cual no ha vendido aún el edificio es porque cree, o dice creer, que se le permitirá hacerlo.

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