La cuñada de Silva se opone a que se le investigue un año y medio más

Dos de los implicados en la investigación judicial por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de Vanesa Falque –cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva- han recurrido la medida de la fiscal del caso de declarar la causa compleja para prorrogar año y medio más las pesquisas.

Los abogados de la propia Falque y del concejal de Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vigo, Santos Héctor Rodríguez (dos de las cinco personas contra las que se dirigen las imputaciones), han recurrido la decisión de la fiscalía que se plasmó en un escrito presentado el 5 de mayo ante la instructora.

La juez, Carmen García Campos, dio traslado a las partes de la petición de la fiscalía y ahora tendrá que decidir si admite las alegaciones en contra de los dos investigados o declara la complejidad de la causa que se basa en las pruebas documentales y periciales que están pendientes de analizar y tramitar, así como de las diligencias que puedan derivarse y la citación de nuevos testigos.

En un extenso escrito de siete folios, la representación legal de Vanesa Falque Barros hace una descripción cronológica de la denuncia que la plataforma ciudadana Xuntos presentó ante el juzgado y que dio origen a la querella de la fiscalía en enero de 2015 por un presunto tráfico de influencias por las irregularidades detectadas en su contratación por el ayuntamiento.

Pasados 15 meses, la defensa de Falque “no aprecia complejidad en su conducta o en los concretos y limitados hechos que se le imputan” y recuerda que en su dos declaraciones judiciales ella sostuvo que “nada había tenido que ver en su contratación la relación de parentesco con un miembro de la corporación local”, refiriéndose a la anterior etapa municipal de la primera teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, antes de acceder a la presidencia del ente provincial.

Falque fue contratada en 2008 por un período de 5 años por la concesionaria municipal de servicios cívicos Imesapi, pero, según la investigación, solo acudió a su puesto de trabajo los primeros meses, por lo que estuvo cobrando un sueldo sin trabajar. La petición de la fiscalía trataría también de parar posibles prescripciones de los presuntos delitos.

Su defensa insiste en que ni el funcionario jefe del ayuntamiento, Francisco Gutiérrez Urúe, ni los dos representantes de la concesionaria, Ramón Comesaña Alonso y José Antonio Míguez Bastos, todos ellos también implicados, conocían el parentesco de Silva con Falque cuando esta fue contratada.

Sostiene el abogado de Vanesa Falque que la petición del Ministerio Fiscal “no está motivada, ni justificada” y contraviene el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque ya se ha practicado una “profusa prueba” en estas diligencias de investigación. Cree que después de 15 meses de instrucción no concurren las circunstancias exigidas en la ley, ya que no se trata únicamente de procurar una agilización procesal sino también de evitar dilaciones indebidas y delimitar el tiempo en el que una persona puede estar sometida a una investigación penal para asegurar las garantías constitucionales del proceso.

La representación de Falque ya había solicitado el archivo de la causa “porque los hechos (que se investigan) no constituyen infracción penal alguna”. Tampoco cree que “exista el más mínimo indicio o sospecha” de que hubo tráfico de influencias en su contratación y, en todo caso, su abogado considera que el delito ya ha prescrito.

Con similares argumentos jurídicos ha impugnado la petición del Ministerio Fiscal la representación legal del concejal de Empleo y Participación Ciudadana, Santos Héctor. Su letrado alega en su escrito que no está justificada la declaración de causa compleja porque las actuaciones ya superan el año de instrucción por unos hechos acaecidos hace más de 8 años, y “no parece justificada ni razonable” , dice.

Concluye el escrito de Sántos Héctor calificando la instrucción “ya agotada, de duración más que suficiente y dilaciones incomprensibles, teniendo en cuenta la existencia o como mucho el exiguo grado de su participación en los hechos investigados”.