Colau, la hora de la verdad

No se enteró por el ajustado escrutinio. La activista Ada Colau (Barcelona, 1974) supo de la victoria electoral de Barcelona en comú cuando la llamó el alcalde Trias para felicitarla. El próximo martes se cumple un año de las elecciones que, tras un paréntesis de cuatro años de gobierno de CiU, devolvieron la alcaldía de Barcelona a la izquierda, que la perdió en 2011 después de 32 años de gobiernos socialistas.

La victoria fue ajustada: 17.000 votos. Colau ha gobernado su primer año de mandato con solo 11 concejales de 41, el ejecutivo más minoritario en el ayuntamiento más plural, con siete partidos. Uno de ellos, el PSC, con cuatro concejales, está a punto de entrar en el Gobierno de un Ayuntamiento de ADN socialista; la alcaldesa suele reivindicar el legado de Pasqual Maragall. El pacto con el líder de los socialistas, Jaume Collboni, llega coincidiendo con el fin del primer año del mandato. Con más manos para atender áreas y distritos, las cuentas de este año aprobadas y tras un año de más anuncios que medidas concretas, ha llegado la hora de la verdad para Colau.

La alcaldesa y los suyos valoran el conocimiento de “la casa” adquirido durante el primer año y confían en coger velocidad en los tres años que quedan de mandato. También se han dado cuenta de que los ritmos de la administración son los que son; de que sigue habiendo desahucios pese a los esfuerzos; y de que las inercias y herencias pesan mucho en la gestión de la ciudad y requieren de mucha energía. La ordenanza de terrazas y el 'top manta', son conflictos que comenzaron en mandatos anteriores.

Celebran las ordenanzas fiscales aprobadas y dos modificaciones presupuestarias (de 96 y 275 millones de euros) que destacan que se destinarán a su prioridad: combatir las desigualdades. En todos los casos han contado con el apoyo de PSC, ERC y CUP; pero está por ver cómo actuarán los dos últimos tras el pacto con los socialistas.

Colau llegó exhibiendo contundencia. Durante el primer mes y medio en el cargo anunció que revisaría la ordenanza de civismo (aprobada por el PSC), enterró los Juegos de Invierno, retiró acusaciones penales contra activistas, paralizó la privatización de guarderías, apartó a la dirección heredada de Barcelona Regional, retiró el busto del Rey Juan Carlos I del salón de plenos… y la medida de mayor calado: el 2 de julio dictó una moratoria de concesión de licencias de alojamientos turísticos para congelar nuevas aperturas, hacer una foto y decidir dónde se podrá crecer. La moratoria estaba en el programa electoral, nadie puede decir que no estuviera avisado, defendió.

Ha pasado casi un año y el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) está en exposición pública. No será fácil aprobarlo. Incluso el PSC ha pedido durante este año que se levantara la moratoria en los barrios menos presionados por el turismo. A la CUP le sabe a poco porque permite abrir hoteles en la periferia. Y la derecha lo ve un lastre para la gallina de los huevos de oro, el turismo, y la acusa, en general, de sectaria y de escuchar solo a los suyos. Otra cuestión que pinta complicada para el gobierno es la unión de los tranvías por la Diagonal, después de que todos los partidos salvo la CUP comparecieran en frente común para reivindicar que se priorice la llegada del metro a la Zona Franca.

Tranvía y PEUAT no son las únicas carpetas abiertas. El listado de anuncios de temas que se abordarán pero de los que no hay desenlace es largo. No se ha decidido qué figura reemplazará el busto del Rey, el nomenclátor de referencias borbónicas que se quiere eliminar no tiene alternativa. Se ha frenado la ampliación del centro comercial La Maquinista pero no se conoce el desenlace. Se está estudiando una alternativa de pasarela al cajón de Sants para indultar Can Vies, si se perforan las dos fases del túnel de Glòries. Se ha anunciado también la revisión de la política fiscal en función de las rentas, del catastro, de la ordenanza de civismo, del parque de alquiler público para detectar fraude, la realización de un inventario de empresas municipales y externalizaciones, la revisión de contratos u organismos y consorcios en los que participa el Ayuntamiento, de la T-Movilidad… “Levantaremos alfombras”, prometió la alcaldesa en su discurso de investidura.

No se ha resuelto el debate sobre la prostitución, no se ha presentado el Plan Director de la Guardia Urbana (que prevé eliminar los antidisturbios). Y hay abiertas mesas para decenas de intervenciones como Ronda de Dalt, Meridiana, el salario de ciudad, la moneda local y el Plan de Turismo. Además de polémicas que no cesan, como los horarios comerciales. O proyectos que llevan lustros de retraso y que no dependen sólo del Ayuntamiento: la estación de la Sagrera o el traslado de La Modelo.

Gestionar la expectativa

Además de la gestión del día a día de la ciudad, en la que todo el mundo coincide en que fue clave la elección de Jordi Martí como gerente, la alcaldesa se enfrenta a la presión de lo que llama “gestionar la expectativa” de quienes la votaron. En alguna ocasión ha afirmado también que se cansa de sí misma, de ver tanta Colau en los titulares. Cuando más incómoda se la ve es en los plenarios, donde la oposición le reprocha falta de diálogo. A ella le desconcierta que los grupos a veces le digan una cosa en privado y la contraria en público. En cambio, se ha lucido en los encuentros internacionales, como la semana pasada en Naciones Unidas, y agradece los encuentros quincenales con vecinos y sin filtros. “Un chute de realidad”, lo llama, como ir en metro, que ya solo utiliza a veces para ir o volver a casa. Durante el día utiliza un monovolumen en el que se desplaza con su equipo. Tiene escoltas 24 horas, visten casual, y a veces les trae de cabeza cuando se mueve por el ayuntamiento: ella dice que es como un castillo; y ellos no la localizan. Puertas adentro, en las bases de Barcelona en comú, hay cierto malestar porque a menudo las decisiones del ejecutivo no son compartidas ni consultadas a los ejes o barrios, cuando el mantra es “mandar obedeciendo". Y aunque Colau mantiene que la movilización y los contrapoderes son necesarios, el propio Gobierno ha descapitalizado a los movimientos sociales fichando a decenas de sus principales activos.