El PSOE sostiene que el cierre de Arpegio es una cortina de humo

El PSOE-M ha criticado hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid el cierre de la sociedad Nuevo Arpegio –investigada en el caso Púnica- anunciado por Cifuentes el 10 de mayo por “motivos de eficiencia y reducción de gastos”. El parlamentario socialista Rafael Gómez Montoya ha mantenido que la extinción anunciada es únicamente “un maquillaje político para intentar desvincular Arpegio del caso Púnica”. El juez Eloy Velasco investiga las actuaciones llevadas a cabo por el ente que gestiona el suelo público de la Comunidad de Madrid y el plan Prisma, que financia obras en los ayuntamientos de la región.

Gómez Montoya ha alertado sobre la posible pérdida de 43 millones de euros en créditos fiscales que mantiene la empresa si se lleva a cabo la extinción de Nuevo Arpegio. “Cuando digo pérdida es tirar a la papelera dinero de todos los madrileños”. Si esto ocurriera, ha anunciado que el grupo parlamentario socialista interpondrá la primera querella contra el PP por “administración desleal”.

Para Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el socialista puede “mezclar” la extinción de la empresa “con lo que quiera”, pero solo responde al cumplimiento electoral del PP. Taboada, número tres de Cifuentes, es el actual presidente de Nuevo Arpegio y ha ocupado antes otros puestos dentro de la empresa. Cuando Francisco Granados llevó a Arpegio los fondos Prisma, ya era responsable de su gestión Taboada desde la Dirección General de Cooperación con la Administración Local. El consejero formó parte de la Mesa de Contratación de Arpegio de 2006 a 2009, y uno de sus hombres de confianza, el actual viceconsejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio Miguel Ángel Ruiz fue consejero delegado de la empresa pública.

Tanto Gómez Montoya como el portavoz de Podemos, José Luis López, han mostrado su preocupación por los más de 80 trabajadores de Arpegio. No habrá problema con las 20 personas que trabajan con el Prisma y que se incorporarán a Arproma, otra empresa pública a la que se trasladará la gestión de esos fondos. “Pero el resto, unos 60, perderán entre el 20 y el 30% del sueldo al pasar a depender de la Comunidad de Madrid y su destino es incierto”, ha advertido Gómez Montoya.

Los ayuntamientos también van a sufrir las consecuencias de esta decisión, porque, en su opinión, se van a retrasar las adjudicaciones de obras y el Prisma 2016 a 2019 “está en el aire”. Pero eso “a ustedes les da igual, lo importante es que las cosas del PP de Aguirre y González no afecten al PP de Cifuentes, pero les afecta y de lleno”. Taboada ha negado que la disolución de Arpegio vaya a afectar a las obras del Prisma.