Imesapi arroja más sombras sobre el contrato de la cuñada de Silva

La denuncia presentada en febrero de 2015 por la Fiscalía después de hallar indicios de supuestos delitos en la contratación de Vanesa Falque Barral por parte de la empresa concesionaria de los servicios cívicos del Ayuntamiento de Vigo se ha convertido en una causa compleja y con cinco actores implicados.

La contratación bajo sospecha, en junio de 2008, de la cuñada de la primera teniente de alcalde del ayuntamiento, Carmela Silva, ahora presidenta de la Diputación de Pontevedra, ha derivado en una diligencias de investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos que abren cada vez más interrogantes a medida que avanza la instrucción.

Mientras la fiscal del caso solicitó a la jueza instructora el 5 de mayo que se declare causa compleja para ampliar año y medio más la instrucción, y parar así la prescripción de los plazos de investigación, los representantes de la empresa que contrató a Falque han defendido su actuación y se desmarcan del ayuntamiento.

Vanesa Falque estuvo durante al menos cuatro años contratada, cobrando un sueldo pero sin acudir a su puesto de trabajo, según la investigación que se inició después de la denuncia que presentó la plataforma ciudadana Xuntos, ahora personada como acusación particular como Xuntos por Galicia.

La instructora dictó este miércoles una providencia por la que da cuenta a las partes de la petición de la fiscalía además del escrito que han presentado dos de los investigados, Ramón Comesaña Alonso y José Antonio Míguez Bastos, solicitando el sobreseimiento contra ellos y aportando copias de correos electrónicos y otros documentos con los que tratan de acreditar que estaban al margen de las presuntas irregularidades que se han deducido de la contratación de la cuñada de Silva.

Uno de los indicios de delito que han adquirido más peso en la investigación son los supuestos pagos que Imesapi habría recibido del ayuntamiento en compensación por contratar a Falque. En concreto, la juez Carmen García Campos cree que existen “fundadas sospechas” de que la empresa recibió 128.582, facturas que no se han justificado.

En un escrito de cuatro folios, los abogados alegan que José Antonio Míguez (sin capacidad de decisión en la empresa, según documentos notariales) “no participó en las conversaciones que originaron la contratación de Falque” y que “se limitó a recibir los correos electrónicos” de Francisco Gutiérrez Urúe, funcionario jefe de Participación Cuidadana del ayuntamiento.

En estos mails se hacen peticiones detalladas de presupuestos para cerrar la contratación de Vanesa, enviados por el funcionario municipal al responsable directo en la empresa, Ramón Comesaña, “Correos muy concretos para cerrar la contratación (…) para el trabajo de Vanesa”, exponen a la jueza.

En uno de los correos con fecha 10 de febrero de 2011, también enviado por Urúe a Comesaña, se trata de compensar con presupuestos a la concesionaria el coste salarial de Falque, que tenía un contrato de apoyo: “Conforme a la conversación mantenida, vamos a ver de arreglar la deuda que tenemos con vosotros y continuar con la contratación de apoyo a la oficina”.

En otro mail el funcionario jefe de Participación Cuidadana escribe: “Según mis cálculos, actualmente arrastramos una deuda de 6,568,79 euros (IVA incluido) del 2010, y lo de este año, por eso necesito que me envíes presupuesto para servicio de coordinación y apoyo a los bancos de tiempo, incluyendo el mantenimiento y actualización de actividades en las redes sociales. El importe total (IVA incluido) que sea alrededor de 1.700 euros”. La defensa también hace hincapié sobre el correo que Comesaña remitió a Urúe, en enero de 2012, en el que ya “indica claramente que la señora Falque fue contratada atendiendo a las necesidades planteadas desde su departamento” municipal.

Míguez y Comesaña, sostiene su defensa, siempre actuaron “en la creencia de que los trabajos los realizaba la señora Falqué” (y no otra persona), y cuestionan las declaraciones que han hecho en el juzgado otros investigados. “Es evidente que si los trabajos no los realizó la señora Falque, ambos fueron engañados”, afirman. Y “no alcanzamos a comprender, los motivos por los que otros investigados se niegan a reconocer la verdad en cuanto a la contratación y la realización de los trabajos facturados por la empresa”, añaden.

Por último el escrito siembra dudas sobre el fin último del contrato de la cuñada de Carmela Silva. En alusión a la demanda interpuesta por trabajadores de los centros cívicos por los que se condenó al Ayuntamiento de Vigo a indemnizar y, en algún caso, a readmitir como indefinido a alguno de ellos, la defensa de los representantes de Imesapi cree que “quizá radique ahí el quid de la cuestión” y la razón última por la que se contrató a Vanesa Falque. “Una cosa es enchufarla en una empresa con la que se mantienen cuantiosos compromisos comerciales y otra asumirla como empleada propia.”

Por el momento, la jueza mantiene como investigados en la causa a Vanesa Falque; al concejal de Empleo y Participación Ciudadana, Santos Héctor; al funcionario jefe, Francisco Gutiérrez Urúe, los dos empleados de Imesapi que en un principio fueron citados como testigos.