El fiscal pide prisión para dos alcaldes del PP por la basura de Orihuela
Anticorrupción reclama 12 años para Medina, ocho para Lorente, y 46 para el empresario Fenoll
La Fiscalía Anticorrupción pide 46 años de prisión para Ángel Fenoll, el que fue empresario adjudicatario del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en Orihuela (Alicante), 12 para el exalcalde del Partido Popular José Manuel Medina y ocho para su sucesora, también del PP, Mónica Lorente.
Se trata de una de las piezas derivadas del caso Brugal, cuya instrucción se cerró en octubre de 2014 tras siete años de investigación judicial. La Fiscalía pide penas para 34 personas, entre ellas, ocho exconcejales del ayuntamiento oriolano, varios empresarios y colaboradores del principal encausado, Ángel Fenoll. El fiscal considera que los alcaldes populares cometieron fraude y prevaricación, y en el caso de Medina, añade el delito de cohecho.
En total, el fiscal considera que los distintos acusados cometieron en diverso grado, los delitos de fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, delito electoral, uso de información privilegiada, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a las autoridades y funcionarios.
En un largo escrito de 148 páginas, Fiscalía describe las sucesivas aprobaciones de contratos relativos a la recogida de basuras y tratamiento de residuos en Orihuela en términos como los que se reflejan en este párrafo: “Ello suponía adjudicar directamente un servicio que debía ser sometido a licitación pública. La decisión fue auspiciada por Medina Cañizares, decisión no sólo arbitraria por no justificar el motivo por el que no podía ser otra la empresa que prestase ese servicio, sino además perjudicial para el interés municipal, dado que, al no tramitarse el oportuno expediente de contratación, no era posible seleccionar la empresa que presentara la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento”.
El escrito recoge incluso las divergencias entre Fenoll y Medina, que llevaron al empresario a “favorecer los intereses y expectativas políticas de la acusada Mónica Lorente, y ello para que el eventual ascenso en la carrera política de esta, que Fenoll siempre auspiciaría, repercutiera como contraprestación en el favorecimiento de sus intereses empresariales, aunque ello se realizara de forma arbitraria y en fraude de los intereses municipales”.
Las conclusiones de la Fiscalía se basan, sobre todo, en las escuchas telefónicas incluidas en el sumario, escuchas que en un principio destapó el propio Ángel Fenoll para denunciar uno de los concursos que consideraba amañado.
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