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Bruno Broseta, ex secretario autonómico del Sector Empresarial, ha confirmado este miércoles que el Consell adquirió la empresa que organizaba el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia a sabiendas del grave agujero económico que tenía, próximo a los 30 millones de euros. La Abogacía de la Generalitat le ha hecho notar durante su interrogatorio como testigo, que la ley prohíbe que una compraventa se realice por menos de un euro. Como ese fue el precio pagado por el Consell, asumiendo además las deudas acumuladas por Valmor Sports, la operación incumplió la legislación, han indicado fuentes conocedoras de la declaración del ex alto cargo.

El que fuera secretario autonómico durante el Gobierno de Francisco Camps —imputado en el caso F-1 por malversación y prevaricación— ha justificado la operación de compra de Valmor afirmando que una cosa es el precio de algo en un determinado momento y otra "la expectativa de negocio", que en este caso era más prometedora.

Las acusaciones han destacado que la Generalitat canceló el Gran Premio de Fórmula 1 poco después de comprar Valmor. Y han preguntado a Broseta, economista de formación, en qué se basaban esas expectativas de la Generalitat a la vista de que la empresa adquirida había acumulado tal deuda con la celebración de las carreras, a pesar de que el Consell había asumido gran parte de los costes de organización.

Ampliación de la investigación

La investigación judicial se acerca de este modo también al desenlace del Gran Premio. Las pesquisas se inicaron a instancias de la Fiscalía Anticorrupción después de que los socialistas y Esquerra Unida denunciaran los hechos, centradas en cómo se montó el Gran Premio de Europa, el nombre que recibió la prueba valenciana celebrada entre 2008 y 2012.

El principal investigado —imputado— por esos hechos es el expresidente Camps, a quien la Fiscalía acusa de haber utilizado como fachada a una empresa privada, Valmor, como socio oficial del patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, cuando sabía desde el principio que las carreras iban a ser costeadas por la Generalitat.

Camps ha negado haber infringido la ley. Y ha defendido que se involucró en la celebración del Gran Premio porque era una cuestión estratégica para la ciudad de Valencia y la Comunidad Valenciana, en relación con su posicionamiento internacional.

Las denuncias de los dos partidos ya apuntaban también, sin embargo, a la compra de Valmor por parte del Consell de Alberto Fabra, el dirigente popular que sucedió a Camps tras la dimisión de este, en el verano de 2011, después de que se le abriera juicio oral por el caso Gürtel. Fabra es ahora senador por designación de las Cortes Valencianas.

Adquisición y aval

La adquisición de Valmor por parte del Consell tuvo lugar a principios de 2012. El argumento principal que se ofreció entonces fue que si Valmor quebraba la Generalitat tendría que hacer frente al aval que tenía firmado con Ecclestone. Ese aval, en el que el Gobierno autonómico sustituyó a la desaparecida Bancaja, fue firmado por el Ejecutivo valenciano justo antes de la dimisión de Camps y, según han declarado testigos del caso, fue ordenado por este.

Fabra y su Gobierno aseguraron desconocer la situación económica exacta de Valmor en el momento de la compra, si bien ya en aquel momento la prensa publicó que arrastraba fuertes deudas. Tanto miembros de la Administración autonómica como uno de los expropietarios de Valmor, Fernando Roig, han declarado en el juzgado que el Consell fue informado de las pérdidas acumuladas por la empresa, tan graves que hubieran conducido al concurso de acreedores y a su liquidación de no haber sido adquirida por el Ejecutivo autonómico.

Hasta ahora la Fiscalía solo ha acusado, sin embargo, además de a Camps, a uno de los expropietarios de Valmor, Jorge Martínez Aspar, y a la exconsejera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson. A esta se le atribuye, además de malversación y prevaricación, un delito societario.