La Generalitat denuncia a la constructora del aeropuerto

La Generalitat Valenciana, a través de Aerocas, la sociedad pública gestora del aeropuerto, ha presentado una demanda en los juzgados de Castellón contra la empresa constructora de la infraestructura, Concesiones Aeroportuarias (Conaer), el estudio de ingeniería IV Ingenieros Consultores y el exdirector general de Aerocas, Juan García Salas, por la deficiente construcción de un canal de drenaje.

La actual gestión de Aerocas considera que las empresas y las personas demandadas son responsables de la deficiente construcción de dicho canal, que vierte las aguas pluviales desde el aeropuerto al Barranc de La Font a lo largo en un tramo de 1,8 kilómetros. La construcción del canal se hizo sobre terrenos poco consistentes y la erosión hídrica ha desplazado muros de contención y ha laminado el soporte de la valla que protege el canal.

El ayuntamiento de Benlloch ha alertado en diversas ocasiones que una mala conducción de las aguas pluviales podría conllevar inundaciones en el casco urbano. La entidad gestora del aeropuerto va a reparar de manera urgente los tramos más dañados y posteriormente acometerá las obras de consolidación de la estructura. Las reparaciones tendrán un coste de dos millones de euros.

Esta deficiencia en la construcción se une a otras que Aerocas ya había detectado y que recibió con conocimiento de causa para que Carlos Fabra y Francisco Camps pudieran inaugurar la infraestructura antes de las elecciones locales y autonómicas de 2011. Además de las goteras en la terminal de pasajeros y en la torre de control, la pista de rodaje y de giro se construyó con unas dimensiones menores de las estipuladas y la construcción arrastró deficiencias que costaron al Consell más de 650.000 euros para repararlas.

Aerocas y Concesiones Aeroportuarias ya se enfrentaron en los juzgados a raíz de la cancelación del contrato de concesión del aeropuerto. Aerocas concedió a Conaer en 2004 la construcción y concesión de la infraestructura cuyo coste debería ser amortizado con la explotación comercial. No obstante, tras la inauguración, Conaer considera que ya no es interesante económicamente el proyecto y demanda a Aerocas 126 millones de euros por la construcción. La Generalitat pretendía pagar la obra en 47 años, pero el juez le obligó a abonar 120 millones de euros de una sola vez y le autorizó a resolver el contrato de obra y explotación.