Las cinco muertes del Madrid Arena se debieron a una imprudencia

El juicio por el Madrid ha iniciado esta mañana su recta final con la lectura de los informes de las partes. Primero le toca a la fiscal y en los siguientes días a las acusaciones particulares. La semana próxima está dedicada a las defensas. Por último, a partir del 17 de mayo se dedicará a las últimas palabras de los acusados, cuando el juicio quedará visto para sentencia.

El ministerio fiscal, que ha depuesto ante la Sección 7ª de la Audiencia Provincial durante cerca de cuatro horas, no ejerce la acusación contra el exjefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, ni contra el director de Operaciones de la empresa que gestionaba el pabellón municipal (Madrid Espacios y Congresos, Madridec), José Ruiz Ayuso. La fiscal ha destacado que los acusados “crearon un peligro para la vida de los asistentes y no neutralizaron el riesgo” que terminó con la muerte de las cinco jóvenes (Katia Esteban, Rocío Oña, Cristina Arce, Belén Langdon y María Teresa Alonso).

Según Ana Muñoz, en el Madrid Arena aquella noche se dieron tres tipos de delito. El “principal”, se refiere a Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta, que fue el que generó el sobreaforo. En lugar de los 10.620 entradas permitidas por los propietarios del pabellón, el empresario y dueño de Diviertt vendió 16.661 entradas, según el recuento que hicieron los agentes del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional. La fiscalía pide cuatro años de prisión por los cinco homicidios por imprudencia. “Era el responsable de mantener la seguridad del evento, cosa que no hizo”, ha destacado la fiscal. "¿Pensaba cubrir una macrofiesta de gente joven, nocturna, con un aforo de 10.620 personas solo con seis vigilantes de seguridad?", ha añadido dirigiéndose a Flores. 

“Es el causante del sobreaforo que lleva a una masificación que se hace insoportable para los asistentes”, ha afirmado la fiscal. Su intención era poder realizar el conocido número de la barca por parte del dj Steve Aoki. Este consiste en que la pista esté repleta y que el famoso dj pudiera pasar con una barca hinchable por encima del público, como quedó demostrado en algunas imágenes.

Sobre el resto de los procesados, la fiscal ha mantenido sus distintas responsabilidades por el cierre de cinco de los ocho vomitorios con que cuenta el Madrid Arena, por la ausencia de vigilantes en el cuarto donde se recibía las imágenes de las cámaras de seguridad y por el incumplimiento en el deber de vigilancia y coordinación. “Los acusados debieron advertir de la presencia de un peligro, porque entendemos que las muertes y lesiones eran evitables”, ha afirmado la representante del ministerio público.

El control de los accesos al recinto también fue uno de los hechos en los que ha hecho hincapié la fiscal. Este correspondía a las dos empresas contratadas por Madridec y por Diviertt: Seguriber y Kontrol-34, respectivamente. Dicho control ha calificado de “precario e insuficiente” y ha recordado que había entradas sin revisar, dobladas, reutilizadas y, sobre todo, que un alto porcentaje del público accedió al pabellón municipal sin entradas.

Para ello, Ana Muñoz ha acusado al número dos de Diviertt, Santiago Rojo, y al coordinador de proyectos del departamento de Operaciones de Madridec, Francisco del Amo, de ser los responsables de abrir el portón de carga por el que accedieron miles de jóvenes. También ha imputado a Miguel Ángel Morcillo, el número tres de la empresa de Miguel Ángel Flores, de abrir el muelle Mónico (salidas de emergencia en la primera planta) por la que también accedieron personas sin entradas. Esta última acción contó con el visto bueno de los responsables de Seguriber, Juan José París Nadal y Raúl Monterde.

Ahora bien, la responsabilidad en seguridad también alcanza a Seguriber y Kontrol 34, contratadas por Madridec y Diviertt respectivamente. La conducta de sus mandos fue crucial para entender la masificación que se produjo en la pista central, como también sucedió con los procesados de Madridec. En ese momento habría que "haber paralizado el evento", ha subrayado la fiscal.

La fiscal también se ha referido de pasada a los médicos responsables de la enfermería, el doctor Simón Viñals (exconcejal de Madrid y fundador del Samur) y de su hijo Carlos, a los que ha tachado de mantener una conducta negligente. El pasado jueves redujo la petición de condena para ambos de dos años y seis meses a un año y medio, al considerarlos autores cada uno de un delito de homicidio por imprudencia y no de dos, como había hecho hasta ahora. Si fueran condenados por este tiempo, no tendrían que ingresar en prisión.

Según el escrito de la fiscal, los médicos Simón y Carlos Viñals “no fueron capaces de reconocer que al menos Rocío Oña y Cristina Arce estaban en situación de reanimación cardiopulmonar y, enseguida, diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas”. “A pesar de tal diagnóstico, realizaron insuficientes y deficientes compresiones torácicas sobre las víctimas Cristina y Rocío, respectivamente, y a la vez, omitieron varias de las actuaciones indicadas para una reanimación cardiopulmonar de calidad, cuya realización hubiera mejorado sustancialmente la supervivencia de ambas”, concluye el ministerio público.

Los mayores reproches se los ha llevado el doctor Simón Viñals, al que la fiscal ha acusado de excederse en su función (la de dirigir la enfermería), dado que entonces tenía 77 años: "Dada su edad asumió una función que sobrepasaba su capacidad".