El alquiler en tiempos de emergencia social

En Barcelona, los datos muestran aumentos de las rentas de alquiler, que en algunos barrios alcanzan ya los altísimos niveles previos al pinchazo inmobiliario a pesar de la caída del empleo y los salarios. El Ayuntamiento, dentro del plan de emergencia social, ha iniciado el despliegue de medidas para hacer frente a esta nueva burbuja: mediación para evitar desahucios; incremento de las ayudas al pago del alquiler; compra de pisos procedentes de ejecuciones y daciones en pago; encargo de 2.000 viviendas de alquiler al Patronato Municipal de la Vivienda; acuerdo con las entidades sociales para conseguir cerca de 300 viviendas y ponerlas en alquiler social; obtención de más de 400 pisos de las entidades bancarias; y ayudas a la rehabilitación de vivienda vacía que se destine a alquiler asequible.

Estas iniciativas son insuficientes ante un parque de 680.000 viviendas en que apenas 10.000 se ofrecen en régimen de alquiler social. Se imponen pues otras medidas de carácter supralocal. Una ya se ha dado: es la Ley catalana 24/2015, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular contra la pobreza habitacional y energética. Pero hay que hacer más: recuperar los artículos que el gobierno de Mas anuló de la Ley del Derecho a la Vivienda y, en el Congreso, reformar radicalmente la legislación del Suelo, la Hipotecaria y la de Arrendamientos Urbanos.

Refiriéndose a esta última, la alcaldesa Ada Colau ha propuesto un debate sobre la limitación de los precios de los nuevos contratos de alquiler, tomando el ejemplo de legislaciones ya existentes en el resto de Europa. Podría plantearse el tope de rentas en nuevos alquileres en barrios especialmente afectados por los apartamentos turísticos, por la compra por ciudadanos residentes en el extranjero o por otras tensiones especulativas desestabilizantes. O la prórroga de los contratos de tres años resultantes de la reforma decretada por el PP en 2013.

No han tardado en aparecer voces contrarias de expertos que han llegado a acusar a quienes proponemos estas ideas de “buenistas” cargados de “incultura financiera”. Lo mismo nos sucedió antes del pinchazo, cuando propusimos la restricción de los créditos hipotecarios al 80% del valor de los inmuebles y el 30% de la renta familiar; la imposición de altos porcentajes de vivienda protegida en los nuevos planeamientos; la promoción de la vivienda de alquiler; la expropiación del uso de la vivienda permanentemente vacía en áreas de fuerte demanda; y, muy especialmente, el derecho a la dación en pago de la vivienda saldando la deuda, tal como defendió en la calle la PAH. Una década después, sabemos que estas medidas habrían evitado muchos dramas particulares y reducido el peso y la duración de la crisis. Estamos a tiempo de no volver a equivocarnos.

Ricard Fernández Ontiveros y Javier Burón Cuadrado son Gerentes de Derechos Sociales y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona