Raro, demasiado raro

Manos Limpias era un sindicato raro, muy raro. Los sindicatos se dedican a la defensa de los derechos de los trabajadores. Manos Limpias sólo era conocido por ejercer la acción popular en el proceso penal. Demasiado raro, no podía ser verdad, algo se ocultaba. Al final empieza a destaparse el pastel.

Hay que respetar el principio procesal de presunción de inocencia, es decir, la garantía de que nadie es culpable hasta que, mediante la valoración razonada de las pruebas en un proceso, el juez declare en sentencia firme la culpabilidad. Un principio, por cierto, que refleja bien ciertos valores morales en la configuración del Estado de derecho: respeto al otro, tolerancia, prudencia, verdad, razón.

Una vez sentado este principio, todos los indicios parecen apuntar, en este caso, a la culpabilidad de los detenidos. Previsiblemente del proceso resultará que Manos Limpias era un sindicato instrumental para la comisión de delitos y que su socio Ausbanc, en principio una asociación en defensa de los consumidores de banca, se desviaba de su altruista finalidad para colaborar en los manejos que practicaba el sindicato tapadera. En conclusión, un feo asunto, sucio e inmoral, de extorsión y chantaje, al amparo de nobles objetivos como son la defensa de los derechos de los trabajadores y de los consumidores.

Sin duda, dará para mucho y las primeras investigaciones auguran que traerá una larga cola. Por el momento, dos breves apuntes. El primero sobre el instrumento procesal utilizado: la acción popular. Se trata de un muy cuestionable derecho reconocido en el artículo 125 de la Constitución. En efecto, los sujetos de la acción penal, es decir, de aquellos que pretenden que se declare la responsabilidad de una persona por su participación en un presunto delito, son el Ministerio Fiscal, que defiende el interés público, la acusación particular, que defiende el interés del ofendido por el delito concreto, y la acción popular, que puede ser ejercitada por todo ciudadano que se considere perjudicado por dicho delito. Es decir, el Fiscal actúa en defensa del orden jurídico, la acusación particular en defensa propia y la acción popular en defensa de un genérico pueblo afectado.

La defensa propia tiene una función claramente distinta a las otras dos. Pero cabe preguntarse si en una democracia los intereses del pueblo no están suficientemente defendidos por el Estado, es decir, por el orden jurídico, por las leyes. El hecho de que en ningún país europeo se contemple la acción popular, sino que basta la figura del Ministerio Fiscal para ejercer la acusación pública, da que pensar. Muy probablemente se trata de una institución preliberal y populista, con cierto arraigo en la tradición española, pero incoherente dentro de una democracia porque duplica, con menores garantías, la función que desempeña el Ministerio Fiscal. A la vista está en el caso que comentamos.

El segundo apunte pretende hacer algunas consideraciones más concretas. En este caso, dejémoslo claro, no estamos hablando de políticos corruptos sino de particulares, pues no hay partidos de por en medio, ni cargos públicos, al menos de momento. Por tanto, se trata de corrupción en la sociedad, no en la política. Pues bien, probablemente, lo que más nos debe escandalizar en este caso no son los detenidos sino quienes pagaban, quienes se dejaban extorsionar, los cobardes que no los denunciaban. A veces nos quejamos de la corrupción política pero practicamos pequeñas corrupciones privadas o no denunciamos las políticas cuando nos enteramos de ellas, lo cual es una forma de colaborar en que proliferen.

Aquí es de justicia hacer un pequeño homenaje al Banco de Sabadell y a Miquel Roca Junyent quienes, además de denunciar a la policía los manejos del falso sindicato y la falsa asociación de consumidores, se prestaron a tenderles una trampa para así obtener pruebas fehacientes de sus delictivas actividades. Las Fuerzas de Seguridad y la Audiencia Nacional estaban, por lo visto, sobre la pista, pero esta contribución privada fue decisiva para obtener una prueba de cargo.

Además, cada día que pasa es más evidente la importancia de la UDEF, unidad operativa de la policía para delitos económicos y fiscales, creada en 2008 durante el gobierno Zapatero. ¡Cómo han cambiado las cosas desde entonces! No sé si hay más o menos corrupción, aunque pienso más en lo segundo, pero en todo caso ahora se persigue de manera inteligente. Y la UDEF es clave.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.