El Constitucional también anula la ley catalana contra el ‘fracking’

El Constitucional ya había anulado las leyes antifracking que varias comunidades aprobaron la legislatura pasada al rechazar el apoyo que el Gobierno central ha ofrecido a esta técnica, aún no usada en España y que consiste en inyectar a través de los pozos agua y productos químicos a presión para romper las rocas en las que se alojan el gas y el petróleo.

El alto tribunal recuerda, en concreto, que ha tumbado las leyes de Cantabria, La Rioja y Navarra, ya que tanto la autorización como la "declaración de su impacto en el medio ambiente son requisitos que corresponde establecer al Estado".  "La prohibición absoluta e incondicionada de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio" de esas comunidades fue declarada contraria "de manera radical e insalvable" a lo que puedan disponer las leyes estatales.

Además, el Constitucional también apunta a que "las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio y medio ambiente no justifican la prohibición del fracking, al no poder prevalecer sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de régimen minero y energético y de ordenación general de la economía". Esa era la vía que empleaba la ley catalana.

El Constitucional sostiene que la normativa estatal establece que "la fracturación hidráulica como tecnología debe utilizarse siempre que el proyecto cumpla determinados requisitos de carácter técnico y medioambiental". Sin embargo, interpretan los magistrados, la ley autonómica "la contempla en sentido inverso como tecnología que debe prohibirse por sus posibles efectos perjudiciales ante cualquiera de las múltiples circunstancias enunciadas". El Constitucional interpreta que en la norma autonómica esta técnica "queda prohibida con carácter absoluto en el territorio de Cataluña siempre que su utilización concierna cualquier ámbito competencial de la Generalitat".

José Manuel Soria

El apoyo al fracking ha sido uno de los rasgos distintivos del recién dimitido José Manuel Soria. Desde el Ministerio de Industria modificó varias normas para allanar el camino al uso de esta polémica técnica, que despierta un importante rechazo.

Sin embargo, varias comunidades, algunas de ellas gobernadas por el PP, no compartían esa política. Y aprobaron normas en las que se intentaba vetar el fracking. En respuesta, el Gobierno llevó esas leyes al Constitucional, que ha dado la razón siempre al Ejecutivo central al ver una invasión de competencias. 

Pese a estar en funciones, el Gobierno decidió el 8 de abril llevar también al Constitucional la normativa del País Vasco que pone trabas al uso de la técnica de la fractura hidráulica. Esa ley contó en el Parlamento autónomo con el apoyo del PP.

El Gobierno de Mariano Rajoy dio este paso diez días después de que la nueva mayoría parlamentaria aprobara una iniciativa en el Congreso en la que pedía justo lo contrario: que no se permita el fracking en España y que se suspendan los permisos existentes que contemplen esta polémica técnica, aunque sean solo de investigación.