La Rede contra a Trata clama contra la sentencia que perdonó a proxenetas

Aquilino González Iglesias es "una de las grandes glorias" del mundo del proxenetismo, describe Carmen Lago, presidenta de la Asociación Faraxa de Vigo contra la trata. Un pata negra de 61 años que después de cumplir una breve temporada de prisión en Brasil regresó a España y tuvo tiempo de volver a aupar sus negocios del sexo antes de caer de nuevo, con buena parte de su parentela, por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, inmigración ilegal y pertenencia a un grupo criminal. Dueño de prostíbulos en Ourense y Pontevedra (el Goldfinger de Oia, Los Corzos en Verín y sobre todo el Ninfas de Maside), merecedor de una ficha en la lista de los más buscados por la Interpol, en tiempos llegó a estar considerado un mecenas de su pueblo, porque patrocinaba un equipo deportivo de O Carballiño y tenía amigos influyentes. "¡Pero si les reserva la mejor carne a las chicas, las cuida como reinas!", protestaba un vendedor de la zona en julio de 2013, al día siguiente de su detención, acusado por la policía española y brasileña de mantener raptadas a sus trabajadoras. Sin embargo, la conocida como Operación Ninfas, igual que ocurre tantas veces con muchas otras sobre prostitución, se quedó prácticamente en nada cuando en marzo de este año González, su hija, su hijo y su nuera salieron airosos por un acuerdo con la fiscalía al filo de la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Aquilino cumple a la perfección el prototipo. Un proxeneta que a pesar de ser confeso siempre vuelve a la calle indemne para tranquilidad del sector. La Rede Galega Contra a Trata ha hecho público un comunicado en el que clama contra esta sentencia y denuncia que "no se están aplicando con rigor las leyes vigentes y los protocolos de actuación para la persecución de este grave delito en España".

Al principio, la fiscal pedía nueve años para el principal implicado y ocho para los otros tres. Pero reconocieron los hechos y se les aplicó la atenuante de reparación del daño por adelantar un depósito de 9.000 euros para las víctimas. Los 33 años que sumaban las condenas encogieron hasta seis (nueve meses por pertenencia a grupo criminal y nueve por inmigración clandestina para cada uno). Y tras el pacto con la fiscalía y en virtud del fallo de la sección quinta de la Audiencia, esos seis años se redujeron, en la práctica, a cero. Para Aquilino González se acordó sustituir la pena por una multa económica que se fijará en la ejecución de la condena. Sus hijos y su nuera lo único que tienen que procurar es no ser cazados de nuevo perpetrando los mismos delitos durante los dos próximos años, y al cabo de este tiempo su deuda con la justicia quedará saldada, o sencillamente borrada. Se libran de la pena por la simple promesa de no delinquir.  

La Rede, una asociación formada por una decena de organizaciones contra la trata (como Faraxa, Aliad, Cáritas, Médicos do Mundo, Érguete Muller, O Mencer, Vagalume, Ecos do Sur y Accem) además de la socióloga especializada Silvia Pérez Freire, denuncia en su escrito la "falta de diligencia en la persecución de estos delitos", algo que "genera desprotección e indefensión" a las víctimas. "Es de vital importancia que se pongan los medios necesarios" para que las fuerzas de seguridad realicen auténticas investigaciones capaces de hallar pruebas incontestables para que los juicios no dependan básicamente del testimonio de las víctimas, el eslabón más débil, mermado todavía más por el miedo, la falta de información y las barreras idiomáticas.

"Las condenas de los pocos casos que consiguen tener proceso judicial (porque lo habitual es que las víctimas no denuncien) deben ser ejemplarizantes y esto no está ocurriendo", se quejan los grupos implicados en la defensa de las mujeres. La simple multa con la que Aquilino González liquidará su delito es, para la Rede, "lo más preocupante" de la reciente sentencia de la Audiencia de Pontevedra. "Es el que sale más favorecido de todos pese a ser quien dirige el clan, un hombre sobradamente conocido por su condena en Brasil" a causa de las mismas actividades.

  "Con este tipo de sentencias se les traslada a los tratantes que se encuentran en clara impunidad, y a las mujeres que, aunque denuncien, no va a servir para mucho", resume la Rede. La dificultad de encontrar elementos probatorios contra acusados "con una amplia y conocida trayectoria criminal" en este campo "solo se puede explicar por la evidente falta de medios técnicos y operativos". El desamparo, concluyen los colectivos, es "lo suficientemente grave para que nuestro sistema judicial y social haga algo al respecto".