Barcelona evita reprobar a Garganté pero apoya a la Guardia urbana

Novedades tanto en el frente político como en el judicial del caso Garganté, sobre la acusación de coacciones al concejal de la CUP Josep Garganté por supuestamente haber coaccionado a un médico para que cambiara un informe con la intención de acusar a la Guardia Urbana de empujar a un vendedor ambulante durante una persecución. En la vertiente política, el Ayuntamiento de Barcelona ha evitado reprobar este martes al concejal de la formación anticapitalista. Desde el punto de vista judicial, el juez el caso ha pedido a las partes que no "introduzcan cuestiones socio-políticas" y ha insistido en que debe juzgarse como un "delito leve".

En la comisión de Presidencia del Ayuntamiento, la propuesta de reprobación del grupo municipal de CiU no ha salido adelante por un voto: han votado a favor los 19 concejales que suman los convergentes, Ciutadans y el PP; y en contra los 18 de Barcelona en comú, ERC y la CUP. Los cuatro de concejales socialistas se han abstenido. En cambio, una proposición del PSC que pedía apoyo explícito a la Guardia Urbana por el caso sí ha tenido el apoyo de todos los grupos menos el de los anticapitalistas.

El grupo del equipo municipal, Barcelona en Comú ha rechazado la reprobación porque considera que “hay hechos que son confusos y mucha información contradictoria". "Nosotros queremos esperar a la verdad judicial y es lo que se tiene que respetar”, ha argumentado Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde y portavoz del ejecutivo. Pisarello ha defendido que no cree que se haya vulnerado el honor de ningún trabajador del Consistorio, aunque sí ha defendido el apoyo a la Guardia Urbana porque “la policía local presta un servicio muy importante incluso en países donde no hay ejército”. La misma postura ha defendido Jordi Coronas de ERC en la comisión de Presidencia en la que se ha debatido la propuesta: “No haremos un juicio paralelo aunque haríamos las cosas diferentes de como él [Garganté] las hizo”.

La oposición ha desarrollado una batería de reproches al Gobierno de la alcaldesa Ada Colau por su cuestionamiento del cuerpo policial en algunos casos. El convergente Joaquim Forn, impulsor de la proposición, ha acusado al Gobierno de no ser “valiente” y de cuestionar “a todos los trabajadores del Ayuntamiento”. El PP, en palabras de su portavoz, Àngels Esteller cree que “la CUP y Bcomú están compitiendo a ver quién criminaliza más a la Guardia Urbana”.

Garganté por su parte ha acudido a un informe del Síndic de Greuges de Cataluña que cuestiona que el derecho de confidencialidad entre los detenidos y los médicos no se cumple en muchas ocasiones. “El compromiso con la Guardia Urbana no puede ser a ciegas”, ha dicho el concejal aludiendo a varios casos de condenas a agentes municipales. “Hablamos de algunos miembros, no generalicemos. La imagen de la Guardia Urbana no queda afectada por nosotros, sino por la actuación de algunos de los miembros”, ha añadido. Para el regidor, la propuesta era un juicio paralelo, aunque ha culminado su primera exposición diciendo que “es un orgullo para nosotros porque quiere decir que vamos por el buen camino”.

Por su parte, el juez que lleva el caso ha rechazado el recurso presentado por la Fiscalía e insiste en que los hechos deben juzgarse como un "delito leve". También rechaza el escrito de la defensa de Garganté, quien negó haber coaccionado a un médico del centro Peracamps para que modificara un informe sobre la caída de un mantero.

El juez resume en su auto los hechos. Modou B., un vendedor ambulante, fue lesionado "en una operación de disuasión de top manta" por parte de la Guardia Urbana. Fue trasladado a Peracamps, adonde también acudió el concejal de la CUP acompañado por un grupo de personas. "Se entabla una discusión sobre la causa de la lesión que ha de constar en el parte de asistencia", según el juez. El médico considera que debe constar "caída", mientras Garganté entiende que "debe constar agresión".

El concejal "insiste" para que el médico "modifique" su versión, pero no lo logra, sigue el juez. Los hechos, razona, no pasan de ser una "coacción leve", y descarta también (contra el criterio de la fiscalía) que se le pueda atribuir el delito de falsedad. El magistrado también destaca que el médico, presunta víctima de esas coacciones (que fueron grabadas en vídeo), no ha recurrido su auto, con lo que en principio está de acuerdo con que sea delito leve. "En el proceso penal", reprocha el auto del juez, "no deben introducirse cuestiones socio-políticas, que por ser ajenas al mismo puedan comportar su patología".