Puigdemont cumple cien días con gestos pero sin ninguna ley

El Gobierno de Carles Puigdemont cumple este martes cien días de mandato sin disipar la sensación de provisionalidad a la espera de lograr la independencia en 18 meses, de los que ya se han consumido tres. La imagen y el tono del Ejecutivo es distinto al de la época de Mas, pero en este tiempo no se ha aprobado ninguna ley y el debate se ha centrado en un puñado de decisiones, tan simbólicas como polémicas, para iniciar la secesión o querer marcar perfil político, que solo han enconado las relaciones con un Gobierno en funciones y han fracturado la cámara catalana: las fuerzas partidarias de la independencia (Junts pel Sí y la CUP), por un lado, y el resto de grupos parlamentarios con ideologías muy dispares, por el otro.

Puigdemont ofrecerá este martes su primera rueda de prensa en la que presentará un plan de Gobierno basado en tres ejes: el nuevo Estado del bienestar, la lucha contra el paro y la regeneración democrática. Será una continuación de lo que ya explicó en la investidura y del que los principales grupos de la oposición recelan sin haberlo escuchado.

“La legislatura es muy corta. Difícilmente se puede esperar nada bueno ni nuevo en las circunstancias actuales”, explica Miquel Iceta, primer secretario del PSC, aunque destaca que Puigdemont “ha sido muy abierto, sincero y transparente”. El problema, en su opinión, es que “llegó a la presidencia de forma improvisada y con una hoja de ruta imposible como es la independencia”.

Inés Arrimadas, presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos y líder de la oposición, asegura que “es un gobierno sin propuestas realistas, más allá de la pócima mágica de la independencia”. La declaración de intenciones de cualquier ejecutivo son los presupuestos y en el caso de la Generalitat aún no se han aprobado y no se sabe si eso sucederá.

De momento están prorrogados los del año pasado con el apoyo de la CUP y no está asegurado que los anticapitalistas vayan a apoyar las cuentas de 2016, ni siquiera el plan de choque social cuantificado en 270 millones de euros y que simbolizaría el giro social de un Ejecutivo en el que está Esquerra Republicana.

A la espera de que el gobierno catalán transmita la sensación de que gobierna, los primeros cien días se han caracterizado por gestos, más que por otra cosa. Puigdemont, un independentista no converso, proclamó en su investidura que seguía vigente la resolución independentista del 9 de noviembre que anuló el Tribunal Constitucional y la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP que la votaron ha tenido mucho cuidado en escenificar que la “desconexión” va en serio, pese a la polémica que pueda generarse.

Ocurrió con la puesta en marcha de las tres leyes de ruptura para preparar la futura Cataluña independiente, a las que se opusieron Ciudadanos, PSC, Catalunya sí que es Pot y el PP. No sirvió de nada y se crearon tres ponencias conjuntas en las que no participarán cuatro de los seis grupos parlamentarios, pese a que los juristas de la cámara advirtieron del error.

Otro episodio similar se produjo con la creación de la comisión el proceso constituyente, que derivó en otro recurso del Gobierno ante el Constitucional, pendiente aún de resolverse, por considerar que se estaba desobedeciendo la sentencia que anuló la declaración soberanista.

Tan simbólica como polémica fue la creación del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. El Gobierno recurrió y una semana después el Constitucional suspendió el decreto que regula su creación.

“La opinión que tiene mucha gente es el Gobierno de la Generalitat no ha hecho nada en cien días. Tienen una hoja de ruta imposible, una coalición (Junts pel Sí) con diferencias internas y el frágil apoyo parlamentario de la CUP”, explica Miquel Iceta, primer secretario del PSC.

Más contundente se muestra Inés Arrimadas. “Puigdemont ha demostrado que su única prioridad es la independencia y para ello le ha dado la batuta política de Cataluña a la CUP”. En su opinión, “el Gobierno catalán sólo tiene el apoyo parlamentario de un partido antisistema para declarar la independencia, no para solucionar los problemas de los 7,5 millones de catalanes”.