Colau recuerda a los bancos que el salario mínimo es inembargable

El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado una carta a los seis bancos que cobran recibos municipales recordándoles que no pueden embargar cuentas en las que haya un saldo menor al que fija el Salario Mínimo Interprofessional (655). El gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha dirigido la carta, que firma el gerente de Economía, Jordi Ayala, a CaixaBank, Banco Santander, Banc Sabadell, Bankia, Catalunya Banc, BBVA y el Banco Popular.

“Últimamente, en el marco de las actuaciones de embargos de cuentas corrientes, el Instituto Municipal de Hacienda (IMH) ha detectado un ligero incremento de embargos no procedentes”, afirma la carta. El Ayuntamiento ha detectado 65 casos de embargos improcedentes por parte de entidades: 38 correspondían a pensionistas y 27 a personas que cobraban nóminas o el subsidio del paro.

“Nos hemos dirigido a los bancos con los que trabaja el Ayuntamiento para alertarles de un hecho que la tecnología debería ayudarnos a resolver. Queremos evitar que por causas ajenas a la Administración, y simplemente por unos procesos automatizados, se embargue a personas vulnerables con ingresos inembargables”, defiende el primer teniente de alcalde y responsable de Economía, Gerardo Pisarello.

El texto de la carta recuerda que el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “establece que es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda el salario mínimo interprofesional”. Y especifica el escalado de tramos en los que sí se puede embargar si se superan los 655 euros.

En tono cordial, la carta explica que el Consistorio atribuyó los primeros casos a un cambio de normativa, pero que “estas incidencias se han mantenido en el tiempo, y pese a que el IMH ha procedido a levantar inmediatamente estos embargos no procedentes, la voluntad es evitarlos, porque afectan a las personas socialmente más desfavorecidas”.

“Vistos los antecedentes y en tanto que entidad colaboradora en la recaudación de tributos, precios públicos y multas del Ayuntamiento de Barcelona, os pedimos vuestra colaboración para que adaptéis vuestros procesos a la normativa para detectar saldos inembargables”, finaliza.

En enero pasado, el Consistorio aprovechó la nueva firma del convenio con las entidades bancarias que cobran los recibos, tasas, precios públicos o multas municipales para introducir una nueva “cláusula social”. La disposición, que afecta a un siete entidades, establece que el Consistorio “se reserva el derecho de denunciar unilateralmente” el convenio “en caso de que la entidad financiera lleve a cabo actuaciones en el ámbito social contrarias a la estrategia del Gobierno de la ciudad”. El convenio también fija una rebaja del 14% en las comisiones que el Ayuntamiento paga a estas entidades bancarias. Con ello se calcula que la ciudad se ahorrará unos 234.000 euros durante este ejercicio. “Con este acuerdo, el nuevo Gobierno municipal demuestra que es posible introducir cambios en relación a la administración con las entidades bancarias y presionarles para que sean más comprometidos”, afirmó Pisarello.