El Canal pagó 1,5 millones por una ingeniería que no se ejecutó

El Canal de Isabel II pagó 1,5 millones de euros de sobrecoste en unas obras de un anillo de distribución de agua entre Majadahonda y Boadilla del Monte en 2011. Ni se instalaron los metros de tubería facturados ni se removió la tierra certificada, pero nadie comprobó las mediciones. Así se desprende del informe, al que ha accedido EL PAÍS, encargado por el Canal antes de penalizar a tres ejecutivos implicados en el caso. Uno de ellos declarará mañana en la Asamblea. El Canal no logró recuperar el dinero en los tribunales.

La obra civil se licitó por 51 millones en 2008 y la empresa Joca se quedó con el contrato con una oferta temeraria de 30,43 millones. Luego las cuentas dejaron de casar. Por ejemplo, certificó la excavación de 125.475 metros cúbicos en tres meses, cuando el total de la obra era de 71.811. O la instalación de una conducción principal de 7,3 kilómetros, cuando no pasaba de 6,3. También se asume ahora que hay más tuberías facturadas que las existentes.

El informe de la asesora jurídica Dla-Piper para Canal relata que, en noviembre de 2011, la subdirectora de Ingeniería y Construcción, Belén Benito, supo que los trabajadores de Joca iban abandonando las obras, “y tras oír rumores de que [la empresa] había presentado la declaración de concurso de acreedores”, solicitó a Joca y a Inncive [sociedad encargada de la asistencia técnica, propiedad del Canal] una medición en origen. A partir de ella “se constató que el Canal había pagado por un trabajo que no se había hecho un importe económico en exceso equivalente a 1.496.870 euros”. Se abonaron en canalización 579.698 euros de más y 857.717 de sobrecoste de movimiento de tierras.

Canal expulsó al director de la obra, Manuel Jiménez Torrico, y suspendió de empleo tres meses a la jefa de división, Esther Rica, y a Juan Alonso, jefe del departamento de construcción, que este martes declara a petición de Podemos en la comisión de endeudamiento. Jiménez Torrico se ha negado a ir. “Él ha terminado trabajando en una empresa brasileña muy cercana a Inassa [la empresa internacional de Canal], aunque no comparte accionariado, y hasta le recomienda el Canal”, explica Eduardo Gutiérrez, portavoz de Podemos en la comisión. El currículum del ingeniero que figura en Internet termina con una carta del Canal que acredita sus méritos, firmada tras su despido.

Los superiores de Jiménez Torrico corroboraban las mediciones “en el convencimiento de que reflejaban las mediciones reales realizadas”, según declararon durante la investigación interna. El jefe de construcción argumentó que los errores pudieron originarse al pasar los datos tomados a mano al sistema informático o por duplicidad en las partidas. La directora de Construcción, en cambio, opinó que podía haberse obrado “de mala fe”. Por eso, el 13 de diciembre de 2011 mandó una carta a Joca informando de las irregularidades detectadas y reclamando 1.290.000 euros.

Varapalo judicial

Fuentes del Canal argumentan que la empresa hizo todo lo que estuvo en su mano para recuperar los 1,5 millones. Al detectarse el fraude en las mediciones, explican, dejó de pagar nuevas certificaciones, además de denunciar a Joca por abandono de obra. En paralelo, la ingeniería reclamó a un juez de Badajoz —donde tenía su sede— 3,6 millones por impagos. El tribunal extremeño liquidó el contrato y en su sentencia obligó al Canal a abonar a Joca 1,7 millones pendientes y estimó que no había lugar a recuperar los 1,5 millones de las mediciones. La sociedad madrileña recurrió a la Audiencia Provincial de Badajoz, que tampoco le dio la razón.

Gutiérrez, de Podemos, opina que ha habido un “quebranto del patrimonio público” y que el Canal debe recurrir a instancias superiores para recuperar los 1,5 millones. En la Asamblea solicitará ver las sentencias extremeñas.

Tras medio año con las obras abandonadas y las aceras levantadas, otra empresa finiquitó en 2013 este tramo del anillo de distribución de agua.