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Camps ordenó firmar el aval ilegal para la Fórmula 1, según una testigo

Las irregularidades no fueron subsanadas porque el expresidente dimitió, dice la exasesora

Francisco Camps
El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

La exasesora de la empresa pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana Belén Reyero ha afirmado este miércoles que el aval ilegal sobre la Fórmula 1 que el Consell asumió el 19 de julio de 2011 fue ordenado directamente por Presidencia de la Generalitat. Desde allí la llamaron para que acudiese a la firma urgente del documento en la sede de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Reyero ha confirmado que para darle validez se falsificó la firma de otro ex alto cargo, y que ello fue posible porque las órdenes procedían del entonces presidente autonómico, Francisco Camps.

El documento se firmó, según ha admitido la exempleada pública, a pesar de que la normativa autonómica no lo permitía y de que la aprobación de avales requería varios trámites previos, como un acuerdo por parte del Consell. Reyero ha declarado que en aquella reunión, que tuvo lugar en el Edificio Apolo de Valencia, le aseguraron que las deficiencias administrativas se subsanarían, lo que no llegó a ocurrir porque Camps dimitió al día siguiente, ha asegurado.

El contrato firmado en julio de 2011 liberaba a Bancaja de la condición de avalista del Gran Premio de Europa, que se celebró en las calles de Valencia entre 2008 y 2012. Y esta pasaba a ser asumida por el Gobierno autonómico, que acabó soportando una factura millonaria por las carreras de Fórmula 1.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Camps de un delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación, y la declaración de Reyero refuerza su tesis. "Camps, cuando negoció y ordenó firmar este contrato y avalar a Valmor Sports", la empresa que formalmente había contratado el Gran Premio con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, "conocía perfectamente los requisitos que debían cumplirse y que el aval quien debía firmarlo era el consejero de Hacienda", mantiene el fiscal en sus escritos. "En este caso se prescindió totalmente del procedimiento administrativo establecido al efecto, saltándose de manera grosera el ordenamiento jurídico", añade.

El aval debería haber pasado distintos trámites que se omitieron. Y precisaba también la firma del entonces director de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Nicolás Figueras, que se encontraba fuera de España en viaje de novios. Por ello, según la Fiscalía, "con el cuño de la empresa se puso su firma en el contrato, sabedores de la mendacidad de esa acción".

Reyero ha confirmado este miércoles que así fue como ocurrió. Preguntada por quién fue la persona que concretamente utilizó el cuño de Figueras sin su conocimiento, la testigo ha afirmado que se decidió así por parte de los presentes en la reunión. Y que esta se desarrolló de aquel modo porque las órdenes venían del presidente.

El aval fue suscrito por la exconsejera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson, también imputada en la causa, cuando quien legalmente podía hacerlo era el titular de Hacienda. La ley de presupuestos de la Generalitat de 2011 vetaba que el Gobierno autonómico avalase a nadie más que a empresas públicas y a instituciones feriales, según consta en un informe de la Intervención General de la Administración de Estado que obra en el sumario.

Este no era el caso de Valmor Sports, una mercantil privada al frente de la cual se hallaba Jorge Martínez Aspar, excampeón del mundo de motociclismo y persona cercana al expresidente Camps, por quien hizo campaña. Aspar es el tercer imputado —investigado, según la nueva terminología judicial— en la causa abierta en el Juzgado de Instruccion número 2 de Valencia.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Camps se valió de esta empresa para hacer que figurase como firmante de los acuerdos con Ecclestone para la organización del Gran Premio cuando desde el primer momento era consciente de que sería la Generalitat la que asumiría los gastos. La Fórmula 1 costó en total cerca de 200 millones a las arcas públicas. Al ser formalmente Valmor quien organizaba las carreras, no era necesario aplicar las normas que regulan la contratación por parte de la Administración.

Camps, quien todavía no ha declarado ante la juez, ha negado las acusaciones y ha mantenido que la decisión de celebrar el Gran Premio tuvo como objetivo promocionar la ciudad de Valencia y la Comunidad Valenciana en el mundo.

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