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La Comunidad aprueba el proyecto de Ley de gobierno abierto, participación y transparencia

Se ha remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el proyecto de Ley de gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia, que ahora remitirá a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.

El proyecto de Ley de gobierno abierto regula la participación ciudadana de modo individual o colectivo y establece tres instrumentos: las aportaciones ciudadanas, las consultas públicas y los procesos de deliberación participativa, herramientas que se desarrollarán por vía reglamentaria.

La futura norma contempla la regulación de los 'lobbies' con la creación de un registro público de grupos de interés en el que, de forma voluntaria, se podrán inscribir las personas y organizaciones con capacidad para influir en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de la Comunidad en defensa de intereses propios, de terceras personas, de organizaciones e, incluso, de intereses generales.

También prevé la creación de una Comisión para la Transparencia en la Comunidad, que actuará como órgano de control y sancionador y obliga, además de a la administración autonómica, a todos sus entes y a las universidades públicas; y a ayuntamientos y sus entes dependientes.

Asimismo obliga a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y a las entidades privadas que perciban subvenciones de la Comunidad de más de 50.000 euros en un año o cuando el 30% o más de sus ingresos anuales tengan carácter de subvención pública y superen los 5.000 euros.

La Comisión para la Transparencia en la Comunidad de Madrid estará presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Angel Garrido, y vicepresidida por la directora general de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, Belén Fernández-Salinero.

La nueva ley, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2017, también recoge los contenidos que la Administración está obligada a hacer públicos através del Portal de Transparencia y que incluye información sobre altos cargos, normativa jurídica, contratos, convenios, subvenciones, Presupuestos Generales, patrimonio e información estadística, entre otros.

Además, regula el procedimiento para el acceso de los ciudadanos a la información pública, teniendo en cuenta que la denegación de la información o su no contestación podrá recurrirse directamente ante los tribunales de lo contencioso administrativo.

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