Enseñanza obvió el protocolo antiabusos en otro caso en 2015

Un nuevo caso de presunto abuso sexual a menores en un instituto público de Barcelona ha puesto de nuevo de manifiesto la poca efectividad de las medidas de protección en el ámbito escolar. La familia de un alumno del centro público Juan Manuel Zafra denunció en marzo del año pasado que la conserje del centro, de 40 años, lo invitó a dormir a su casa, le daba regalos y hasta le ofreció dinero a cambio de sexo. La respuesta del Consorcio de Educación de Barcelona (con representación del departamento de Enseñanza y el Ayuntamiento) fue cambiar de sitio de trabajo a la presunta acusadora, no se abrió ningún expediente y no se notificaron los hechos ni a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ni a la Fiscalía.

Los hechos, según reveló esta mañana RAC-1, comenzaron en el curso 2013-2014. Los padres notificaron los hechos al centro el 26 de marzo de 2015 y después presentaron una denuncia ante un juzgado el 2 de abril. De acuerdo con la denuncia, la conserje del centro, ubicado en el barrio barcelonés del Clot, invitaba al menor de 15 años a merendar y le regalaba material informático del colegio. También le enviaba mensajes vía móvil y la relación se inició a través de Facebook.

La respuesta del Consorcio, según ha explicado el ente en una nota, fue trasladar a la conserje a otro puesto de trabajo dentro de la entidad pero sin contacto directo con menores. Sin embargo, no se abre ningún expediente ni se comunican los hechos a la Fiscalía o a la DGAIA "dado que el menor no necesita ser protegido de su entorno familiar". El Consorcio interpreta así el protocolo marco firmado por el Síndic y la Generalitat, que recomendaba notificar a estos dos organismos en caso de abuso. El Consorcio finalmente ha abierto un expediente, el pasado marzo, después de que la familia enviara otro escrito al centro denunciando la actuación del centro. 

El Consorcio ha defendido que trasladó a la empleada "para actuar inmediatamente y simplificar el proceso", ya que esa habría sido la decisión que se derivaría del expediente. El Síndic ya se ha quejado en varias ocasiones de que las Administraciones hagan caso omiso del protocolo antiabuso, firmado en 2006. Rafael Ribó ya había denunciado que en el caso de pederastia del centro concertado Maristas Sants Les Corts tampoco se siguió el documento.