Una urbanización con el agua al cuello

En el municipio de El Escorial hay una urbanización llamada Montencinar que carece de alcantarillado, así que cuando llueve y hay riesgo de que el río Guadarrama se desborde, los vecinos levantan murallas con sacos. Tampoco están asfaltadas las calles, lo que hace difícil recorrerlas si uno no va a bordo de un 4x4. Las ambulancias no entran en la zona, ni se acerca la policía municipal a vigilar, no hay alumbrado público y el cartero solo va dos o tres veces a la semana desde Collado Villalba, aunque la zona pertenezca a otro término municipal. Para colmo, una línea de alta tensión de 400.000 voltios pasa a escasos metros de las casas.

Parecía que los problemas podrían terminar gracias a que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid acaba de publicar el plan de reparcelación. Pero no ha sido así. Por urbanizar, el Ayuntamiento reclama a cada familia 124 euros por metro cuadrado de parcela, 2,3 veces más que el precio inicialmente previsto. Eso supone, según los vecinos, un coste por chalé que oscila entre 60.000 euros y un millón.

“Hay mucha gente mayor con sus pensiones o parejas jóvenes con niños pequeños e hipotecas”, cuenta Luis López, de la asociación de vecinos. “Sabemos que tenemos que pagar, pero no podemos asumir tanto dinero. A pocos vecinos les van a dar un crédito”, razona. “Pagamos nuestros impuestos y la contribución urbana, y el Ayuntamiento no nos da ningún servicio, salvo las basuras”. Hay 845 parcelas (600 viviendas), la mayoría primera residencia.

Montencinar, un enclave paradisíaco situado en una dehesa de encinas con vistas a la sierra y pegado a la autovía de la A-6, nació a finales de los años cincuenta. Los vecinos sufragaron las acometidas de agua y luz, y construyeron fosas sépticas —quedan 500— que contaminan aún el subsuelo. En 1996 empezaron las negociaciones para urbanizar la zona. La historia es tan intrincada —abarca tres planes urbanísticos y la mediación de los tribunales— que son pocos quienes la entienden. El último paso, determinante y definitivo, lo ha dado el Tribunal Supremo y ha supuesto un golpe para los vecinos.

El Supremo considera que Montencinar se asienta sobre un suelo urbano no consolidado y eso obliga a los residentes a asumir los costes de urbanizar (26 millones de euros). Además, como contempla la Ley del Suelo de la Comunidad, dicta que hay que entregar el 10% del terreno a El Escorial para equipamientos públicos (aprovechamiento lucrativo). Al no quedar tierras disponibles, la urbanización tiene que indemnizar al Consistorio con 19 millones, además de los 26 millones de coste de las obras.

Los vecinos consideran que los 19 millones de compensación al municipio son excesivos. Aseguran que el Ayuntamiento ha hecho una estimación del precio del metro cuadrado tomando como referencia zonas urbanizadas de El Escorial con las que no se puede comparar Montencinar, que carece de cualquier equipación. “Aquí no hay colegio ni centro de salud ni tiendas”, explica López.

El alcalde, Antonio Vicente, del Partido Popular, recuerda que ha sido el Supremo quien ha decretado que el suelo es urbano no consolidado, si bien los 19 millones de compensación son un cálculo del Consistorio. “La sentencia dice que el Ayuntamiento puede monetizar la falta de cesiones [los 19 millones]. Es potestativo, no imperativo”, se queja Luis López.

Los vecinos creen, además, que se podía urbanizar más barato. “Son presupuestos estimativos de trabajo y no tienen porqué ajustarse a la cifra definitiva. Esa se conocerá cuando la obra sea valorada, licitada y ejecutada”, sostienen desde el Ayuntamiento. “Y se presume que los costes definitivos serán sensiblemente inferiores a los que se recogen en el presupuesto”, adelantan. Recuerdan, además, que el pago será a plazos y no de forma inmediata: “Cuando todo esté definido y se comiencen a ejecutar las obras, estas siempre se realizarán por fases y de manera sucesiva, nunca de golpe”.

La oposición (PSOE, Ciudadanos, Ahora Escorial e IU-Los Verdes) presentó en el pleno de este mes una enmienda en la que pide al Ayuntamiento buscar la fórmula jurídica para renunciar a esos 19 millones y que se anulen partidas añadidas luego a las obras por valor de ocho millones. López se desespera: “Tenemos que pagar 1,5 millones al Canal de Isabel II, cuando las cometidas de agua que hicimos están perfectas”.