Se van al exilio
La decisión de iniciar un proyecto de vida en el extranjero debe ser una elección, en ningún caso una obligación por falta de empleo digno y de expectativas
Hace unos días leí el Informe Estat de la joventut 2015, elaborado por el Consell de la Joventut de Barcelona, donde se exponen las dificultades de los jóvenes para emanciparse. Este informe remite a otras publicaciones como el estudio encargado por Injuve, con el título La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis(2007-2013), en el que se estima en 218.000 los jóvenes que se han ido de España por culpa de la crisis.
La decisión de iniciar un proyecto de vida en el extranjero debe ser una elección, en ningún caso una obligación por falta de empleo digno y de expectativas de encontrarlo a corto y medio plazo. Según el Observatori Català de la Joventut (OCJ) desde 2007 se han destruido 427.000 puestos de trabajo ocupados por jóvenes, mostrando de manera inequívoca que es el colectivo que más ha sufrido el impacto de la crisis. Este mismo estudio, que analiza los datos publicados por la EPA del último trimestre del 2015, afirma que la tasa de actividad juvenil continúa bajando y se sitúa en el 61%. Ya es más baja que la de los adultos, cosa que significa o bien que muchos jóvenes ya no se registran en las listas del paro o bien que deben buscarse un futuro fuera de su país.
La tasa de paro de los jóvenes entre 16 y 29 años es del 24,5%. Esto provoca que muchos jóvenes decidan alargar su etapa formativa, más en ciclos formativos y menos en la universidad, por los altos precios de las matrículas. Estudian más, pero sin ninguna expectativa de mejora.
Debido a que han trabajado poco tiempo, sus cotizaciones son mínimas y sólo el 8,3% de las personas jóvenes desempleadas reciben alguna prestación social. Esta cifra es especialmente preocupante teniendo en cuenta que el paro de larga duración se sitúa en el 11,4% (lejos del máximo histórico del 17% registrado en 2013), pero significa que cuatro de cada 10 jóvenes en paro hace más de un año que buscan trabajo. Según el OCJ, el paro de larga duración es un indicador de riesgo de exclusión social
Pero los afortunados que acceden o se mantienen en el mercado laboral no lo tienen mucho mejor. La mayoría tienen contratos temporales (la tasa de temporalidad es del 46%), o parciales no deseados y con una fuerte subocupación. Esta precariedad se está convirtiendo en estructural. Titulados que sólo encuentran trabajos de baja cualificación en el sector servicios (el 80% de contratos son en el sector de la restauración, servicios personales o ventas). Contratos precarios con sueldos indignos y que además marcan diferencias salariales del 25,5% por razón de género.
Con esta realidad laboral y con estas tristes expectativas, la tasa de emancipación residencial de las personas de 16-19 años, en Cataluña, se sitúa en el 23,9%, y en la ciudad condal el 45,7% de las personas entre 25 y 29 años no están emancipadas. ¿Las razones? El paro, la precariedad laboral y el alto precio de la vivienda.
Ante esta situación, tendría que haber un debate serio para buscar las formas de evitar esa sangría de jóvenes hacia el exterior. Pero no hay voluntad política para solucionar este grave problema. La desidia de los gobiernos llega hasta la negación del problema, como lo demuestra la falta de datos fiables para saber con exactitud la magnitud del exilio juvenil. Sin datos no se pueden elaborar propuestas políticas para evitar la salida ni tampoco políticas de retorno para los jóvenes que hayan perdido su arraigo.
Los datos que proclaman que la crisis ha acabado no hacen mella en la decisión de los jóvenes. Ellos padecen las condiciones del mercado laboral y, mientras existan, buscarán fuera del país el bienestar, la dignidad y la libertad para decidir su futuro.
Su exilio significa no solo una pérdida en la inversión realizada para la formación de esta población, sino también una pérdida de capital social, talento y creatividad, que incidirán negativamente en el desarrollo social y económico del país. La juventud es per se innovadora y a la vez transformadora, si la dejamos marchar va a significar un gran retroceso no solamente demográfico sino también económico y social. Nos convertiremos en un país para viejos y para turistas.
Nuestros jóvenes se van, mientras en Cataluña el gobierno está a la espera del mes dieciocho y en España los políticos juegan a ver quién encuentra a Wally para gobernar. Que frustración.
Joan Boada Masoliver es profesor de Historia.
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