Los conflictos laborales complican la gestión de Colau

El pasado activista de buena parte del actual Gobierno local de Barcelona, con la alcaldesa Ada Colau a la cabeza, se ha convertido en un filón para los trabajadores municipales, que rastrean las redes sociales en busca de antiguos mensajes de apoyo de quienes ahora son sus patrones en los conflictos laborales abiertos con el Ayuntamiento. Aunque estos tienen su origen en mandatos pasados, es ahora cuando adquieren mayor dimensión. La lucha más grande se libra bajo tierra. Tras la huelga durante el Mobile World Congress, la plantilla de Metro ha vuelto a convocar paros, esta vez parciales, pero repartidos a lo largo de días clave.

El clásico Barça-Madrid del próximo 2 de abril volverá a poner a prueba la movilidad en la ciudad. La magnitud del reto será menor a la que supusieron las huelgas de 24 horas durante el Mobile World Congress (MWC), pero los incidentes protagonizados esta semana en los andenes por los hinchas del Arsenal desaconsejan reducir el personal durante estos eventos.

Las dos plantillas de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) están dispuestas a conseguir convenios colectivos que compensen cuatro años de congelación salarial. Cada una lo hace a su manera. La de Metro (3.700 personas) aprovecha la concordia que reina entre sus sindicatos para convocar paros en fechas estratégicas. Tras las huelgas durante el congreso de móviles, TMB reanudó con el comité de empresa la negociación del convenio.

Los trabajadores exigen un incremento que ronde los 55 euros mensuales en 2016. La empresa ofrece uno de 22. Los empleados critican la falta de transparencia, ya que aseguran que TMB paga planes de pensiones, seguros de salud y otros beneficios a las 291 personas que tiene fuera de convenio. Este punto es otro conflicto latente: la empresa ha sido condenada a aplicarles el convenio, pero todavía está a la espera del proceso ejecutorio. Si los paros del 2 de abril no dan frutos, el comité convocará otros dos de 24 horas el 25 y 28 del mismo mes. Medidas que la dirección y el Consistorio consideran “desproporcionadas”.

A diferencia de Metro, el personal de autobuses no se volcó de forma masiva en las ocho jornadas de paros en febrero. La plantilla (4.138 personas), lleva más de un año negociando un nuevo convenio y los sindicatos mayoritarios en su comité —UGT, CC OO y SIT— llegaron a cerrar dos preacuerdos con la dirección, pero ambos fueron rechazados en sendas asambleas. Fuentes de CGT, que lideró las huelgas, explican que los documentos no recogían ninguna de las cuatro reivindicaciones de los trabajadores. Estos exigen un aumento salarial superior al 1% que ofrece la empresa y el fin de la precariedad.

Las externalizaciones —siempre han sido consideradas un foco de precariedad por Barcelona En Comú, el partido de Colau— son otro foco de conflicto. La formación se comprometió durante la campaña electoral a establecer un sello de calidad que certifique que las empresas que optan a contratos públicos respetan los derechos laborales y ofrecen remuneraciones dignas, pero casi un año después, todavía no ha superado la fase de diseño. Aun así, fue a esta promesa a la que se aferraron los socorristas de Cruz Roja que se encerraron el viernes de la semana pasada en la sede del Consistorio.

Tras casi 20 horas de encierro, a las cuatro de la madrugada, la concejal de Urbanismo, Janet Sanz, se comprometió por escrito a mantener los 70 puestos de trabajo y las condiciones laborales del colectivo. Sanz también se ha comprometido este mes a cubrir todas las bajas por jubilación del personal de Parques y Jardines.

Al Ayuntamiento le quedan otros retos como el de qué sucederá con los trabajadores de las tres guarderías que quiere remunicipalizar, las protestas del comité de empresa de Barcelona Activa por el aumento de contratación de directivos y la negociación del nuevo convenio colectivo de empleados municipales, que afecta a 9.000 personas.