El BBVA acusa a Carmena de “dejar sin efecto” la Operación Chamartín “sin cobertura legal”

Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora de la Operación Chamartín, presentó ayer un escrito ante el Ayuntamiento de la capital acusando a la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible de abrir “una vía paralela carente de cobertura legal” para “desvirtuar” el plan urbanístico “hasta el punto de paralizarlo sine die y dejarlo de hecho sin efecto”. En su opinión, la falta de respuesta a sus requerimientos sobre el futuro del plan y la organización de una mesa de debate con asociaciones de vecinos y otros afectados (que DCN considera “al margen de las previsiones legales”) “infringen claramente” el marco normativo.

DCN recuerda en su escrito que el Ayuntamiento, entonces en manos del Partido Popular, aprobó en febrero el planeamiento urbanístico de este ámbito, que fue objeto luego de medio centenar de informes de las tres Administraciones (todas, en manos del PP) “sin que significara impedimento para su aprobación” definitiva. Pero desde mayo está “paralizada de facto” su aprobación definitiva, añade DCN, “es decir, desde hace nada menos que 10 meses”, que son también, aunque eso no lo especifica la promotora, los que lleva al frente de la alcaldía Manuela Carmena (Ahora Madrid).

La promotora (del BBVA al 75,5% y la constructora San José al 24,5%) ya presentó a finales de febrero un requerimiento al Ayuntamiento para que “ordene la continuación del procedimiento de revisión del plan parcial hasta la aprobación definitiva”, e insistió en que la fecha límite es el 31 de diciembre. Si no se aprueba antes el cambio urbanístico, renunciará a una operación urbanística que lleva trabada desde hace dos décadas por obstáculos administrativos y judiciales. DCN denunció la falta de respuesta municipal el pasado 15 de diciembre; según afirma, el concejal, José María Calvo, se comprometió a una “rápida contestación” que no ha llegado, lo que, en su opinión, le genera “una situación de indefensión”.

En la comunicación presentada ayer, DCN recuerda, como ya “ha manifestado reiteradamente en sucesivos escritos”, su “discrepancia” con las mesas de debate organizadas por el Ayuntamiento alrededor de la operación (la última se ha celebrado esta semana). Considera que se han montado “al margen del procedimiento legalmente administrativo” “con la confesada intención de replantear” el plan, “reducir considerablemente la edificabilidad” y “eliminar infraestructuras de interés general”.

Dado que la aprobación inicial del plan se produjo en febrero de 2015, el Ayuntamiento debió validarlo de forma definitiva antes de agosto, de acuerdo con la Ley regional del Suelo, que otorga seis meses para ese trámite. Pero entremedias se produjo el cambio de gobierno municipal: la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), no quiso realizar la aprobación definitiva justo antes de las elecciones, y Carmena se ha opuesto a validar lo que ya estaba hecho porque considera que supone incorporar demasiadas viviendas a la ciudad. DCN denuncia además en su escrito que en la mesa de debate hay técnicos que se han pronunciado en contra del plan, “comprometiendo severamente su neutralidad” a la hora de analizarlo luego en los informes preceptivos.