La comisión secesionista se reúne de nuevo, pese al recurso del Gobierno
El Tribunal Constitucional está estudiando la suspensión que reclamó el Abogado del Estado
La comisión de estudio del Parlament sobre el proceso constituyente se reunirá este martes mientras el Tribunal Constitucional estudia su legalidad tras el recurso presentado del Gobierno. El diputado de Junts pel Sí Lluís Llach será elegido presidente de la comisión, en sustitución de Muriel Casals, fallecida el 14 de febrero. La reunión servirá para aprobar el plan de trabajo, aunque el fallo del Constitucional podría alterarlo.
El Gobierno considera que la comisión es un despliegue de la declaración soberanista del pasado 9 de noviembre que fue anulada por el Alto Tribunal y por ese motivo presentó un incidente de ejecución de aquella sentencia.
El Abogado del Estado reclamó que la comisión no pudiera reunirse y que se advirtiera a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que podría incurrir en un delito de desobediencia. El Constitucional declinó esas peticiones y ahora deberá decidir de qué manera ejecuta la sentencia, en el primer caso en que aplicará la reciente reforma que regula este organismo.
La reciente reforma legal, impulsada por el PP para combatir el desafío soberanista catalán recoge el abanico de medidas que podrían acordarse en el proceso de ejecución de la sentencia. Entre ellas, una multa de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades que incumplan las resoluciones, así como la suspensión de sus funciones.
Otra posibilidad es que el tribunal decidiera pasar la pelota al Gobierno que, aun estando en funciones, podría “adoptar las medidas necesarias” para que se cumpliese la sentencia. Y, como última medida posible, se prevé incluso que se deduzca testimonio para exigir responsabilidad penal contra los responsables del incumplimiento.
La comisión fue impulsada por Junts pel Sí y la CUP y en principio se pensó como una comisión legislativa. Catalunya sí que es Pot reclamó que fuera solamente una comisión de estudio y los partidos independentistas cedieron en sus pretensiones para incorporar a los ecosocialistas.
El PSC y Ciudadanos han anunciado que no acudirán a las reuniones y el PP sí lo hará para expresar su rechazo a los trabajos.
Frente al argumentario de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, el Parlament defendió los trabajos de la comisión y reclamó que se permitiera proseguir sus trabajos. Los juristas de la Cámara argumentaron en sus alegaciones que la comisión es “un acto parlamentario no normativo o resolutivo, sino un acto de inicio de un procedimiento”.
