La fiscalía pide abrir juicio contra personal de la Cámara de Pontevedra

El fiscal de delitos económicos de Pontevedra ha presentado este viernes un informe solicitando al juzgado que se reactive el proceso abierto por presunto delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho contra la hasta ahora secretaria de la Cámara, Rosario Lorenzo, y el representante de la entidad en Brasil, José María Lago.

Ambos presuntos cómplices (denunciados por extrabajadores de la cámara) se enfrentan a penas de 3 años de cárcel por un supuesto cohecho y 18 meses multa con una cuota diaria de 30 euros. Para la secretaria pide cinco años de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público y tres años para el funcionario. Y a este le impone la prohibición por cinco años para obtener subvenciones o incentivos fiscales y de la seguridad social así como firmar contratos con organismos públicos.

Por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, el fiscal Augusto Santaló solicita además para Rosario Lorenzo (secretaria cameral desde 1998), la pena de 10 meses multa con una cuota diaria de 30euros y dos años de suspensión de empleo o cargo público. En total, la secretaria deberá abonar 24.000 euros, según el escrito de acusación.

Un formalismo en la aplicación de los requisitos procesales sobre la representación letrada de Lago bloqueó desde mayo pasado el cumplimiento del auto de la jueza instructora por el que ya había decretado la apertura del juicio oral. Desde entonces, el juzgado estuvo esperando la respuesta a la comisión rogatoria enviada a Brasil para que el acusado nombrase abogado y procurador.

Este ha sido uno más de los retrasos provocados por el acusado que tardó más de un año en declarar y sin dar señales de su paradero. Pero el fiscal cree que el proceso no se puede dilatar más esperando la respuesta de Lago y acepta como válidos los representantes que este tenía hasta ahora en la causa.

La acusación de Santaló se remonta al 2002, cuando el ejecutivo cameral acordó la creación de una oficina en Florianápolis (Brasil) para la cual se nombró representante al hasta entonces becario de la entidad, José María Lago, aprobando por unanimidad la firma de un convenio con la Dirección Xeral de Comercio.

Hasta el 31 de diciembre de 2012 se firman contratos anuales con la empresa Contrato Em Comunicacoes Empresariais Ltda., representada por Lago, que se denominan de arrendamientos de servicios y que tienen por objeto el asesoramiento y asistencia a las actividades de exportación e internacionalización de la economía gallega en Brasil.

Como contraprestación la empresa contratante percibió por los trabajos prestados un promedio de 3.800 dólares mensuales, dinero que estaba subvencionado por la Xunta de Galicia entres el 50 y el 80%. Y los pagos se realizaban mediante cheques bancarios que eran ingresados, tras el correspondiente endoso, en una cuenta de la que era titular José María Lago.

Pero los cheques, o al menos seis de ellos emitidos en 2011, fueron endosados a la cuenta bancaria que la secretaria compartía con Lago como autorizada después de que este le otorgara un poder. En dicha cuenta, y entre 2007 y 2011, se detectaron seis retiradas de dinero por importe de 22.800 euros.

Los acusados “no han ofrecido explicación del destino dado a las cantidades retiradas” por la secretaria de la cuenta del funcionario, que “se consideran pagos autorizados por éste a la secretaria de la cámara por facilitar la contratación de su empresa con la Cámara de Comercio”, dice el fiscal.

Además de este proceso hay otro paralelo en fase de instrucción por presunta malversación y prevaricación también contra la secretaria (que declaró un sueldo de 3.600 euros líquidos mensuales) y miembros de la corporación cameral. Unos hechos que coinciden en el tiempo con una profunda crisis por la pérdida de las cuotas de afiliaciones en las cámaras y que en un intento de supervivencia ha abocado a la fusión en una sola de la de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.