Cervantes y la Seguridad Social

Miguel de Cervantes tenía 68 años cuando escribió en 1615 la celebrada segunda parte del Quijote. O sea, según cómo, y con las premisas fiscales imperantes ahora en España, o hubiera tenido que renunciar a los derechos de autor o a la pensión por mayor de 65 años. “Hoy está claro que no tendríamos esa obra”, constata categórica la experta cervantina y académica de la Lengua Carme Riera, desde el pasado junio presidenta del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). Como entidad que vela por los derechos de propiedad intelectual de autores y editores, Riera reclamó ayer en Barcelona una reforma “urgente y clara” de la Ley de Régimen de la Seguridad Social para que los creadores jubilados puedan compatibilizar la pensión con su actividad creativa.

La legislación es clara: aquel profesional mayor de 65 años que desee seguir con su oficio o bien cobra la pensión renunciando a percibir una retribución (por cursos, derechos de autor...) si con ella supera el salario mínimo interprofesional (9.172,8 euros), o sigue recibiéndolos pero sin quedarse la pensión. Por ello, representantes de la plataforma Seguir creando (que agrupa a profesionales de diversas áreas culturales), se entrevistaron anteayer con la ministra de Trabajo en funciones, Fátima Báñez, para pedir que se paralicen las multas. “Todos los partidos parecen estar de acuerdo, pero la situación política es tan compleja”, constata Magdalena Vinent, directora general de Cedro.

La vía administrativa no funciona: hemos presentado cuatro denuncias este año y aún no se ha abierto expediente alguno", lamentan en Cedro

No es cosa de broma. “Hay una veintena de autores que ya tienen sanciones”, cuantifica Vinent. Algún caso es espeluznante: Daniel Romero, un traductor de filosofía de Toledo, ha presentado ya un último recurso al Tribunal Supremo después de que, tras pasarse en los dos últimos ejercicios en 1.000 y 2.000 euros, tiene una sentencia que lo sanciona con 80.000 euros.

Ya directamente trágico es el episodio de un autor afincado en el norte de España que, tras una inspección fiscal, fue multado y perdió la casa, lo que conllevó el suicidio de su esposa... La nota pseudocómica, de nuevo de Riera: “La actuación de la Administración es un lío porque la política de Hacienda en cada provincia es distinta y en ellas, incluso, se detectan actitudes opuestas según el inspector que te toca”.

El de los ingresos de los escritores mayores de 65 años no es el único gran frente que Riera quiere abordar en su mandato. Está también la omnipresente piratería. “El del libro es el sector cultural en el que crece más la copia o descarga ilegal; ahora es más fácil acudir a los tribunales pero la vía administrativa no funciona: hemos presentado cuatro denuncias este año y aún no se ha abierto expediente alguno; y aún quedan dos por abrir del 2013... La Administración tarda de media un año en hacerlo”, fija Vinent. El otro gran eje del mandato, amén de concienciar sobre los derechos de autor a los estudiantes más jóvenes, será lograr el compromiso del ámbito universitario para que remuneren las fotocopias y los textos que se cuelgan en los campus virtuales. Ni por ahí, hoy por hoy, Cervantes sacaría un maravedí.