Romeva deberá informar a Exteriores para salir de la Unión Europea

El primer consejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, está obligado a “informar” al Gobierno español de los viajes que realice en ejercicio de su cargo a países fuera “del ámbito de la Unión Europea”. Así lo establece la ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, en vigor desde marzo de 2014 y que fue aprobada exclusivamente con el apoyo del PP, que llegó a hacer alguna concesión ante las críticas de los socialistas y de los nacionalistas de CiU y PNV.

Las comunidades autónomas “mantendrán informado” al Ministerio de Exteriores de las “propuestas sobre viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior, para que este departamento pueda informar y, en su caso, emitir recomendaciones motivadas sobre la adecuación de la propuesta de actuación a las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno”, reza el artículo 5.2 de dicha ley.

El texto precisa que esta “obligación” de las comunidades afecta a “los viajes, visitas, intercambios y actuaciones de sus presidentes y de los miembros de sus Consejos de Gobierno y no será de aplicación cuando se trate de actuaciones en el ámbito de la UE y de viajes y visitas a sus instituciones”.

La ley también fija hasta dónde pueden llegar la competencia de las autonomías en materia de acción exterior. Su artículo 11 les obliga a “respetar los principios” de esta ley y a adecuarse “a las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno”.

La norma impide además a las comunidades firmar tratados internacionales con otros Estados u organizaciones internacionales o generar “directa o indirecta” obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado. También tienen expresamente prohibido “incidir o perjudicar la política exterior que dirige el Gobierno”. En realidad, las autonomías tienen prohibido extralimitarse en sus competencias en materia de acción exterior pues así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Esta ley ya le sirvió al Ejecutivo para recurrir el año pasado la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat en Roma y Viena, por incumplir la obligación de informar previamente al Gobierno de la creación de estas nuevas estructuras. El Gabinete de Mariano Rajoy está convencido de que estas nuevas delegaciones no se abren para defender los intereses de los catalanes o promover su lengua y su cultura, sino “para alentar el proceso secesionista”.