Los socialistas añaden un informe para cuestionar los contratos con Nóos

El grupo municipal socialista de Valencia, acusación particular en el caso Nóos, cuyo juicio arrancó ayer en Palma con la presentación de las cuestiones previas, se siente reforzado después de que la Audiencia Provincial que juzga les haya pedido un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia que asegura que la fundación municipal que contrató con el instituto de Iñaki Urdangarin era de naturaleza pública, no privada.

La causa sienta desde ayer en el banquillo de los acusados a cinco valencianos por la supuesta gestión irregular de los contratos suscritos por diferentes administraciones públicas valencianas con el instituto del cuñado del Rey. Al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau le imputan cuatro posibles delitos -prevaricación, fraude a la Administración, malversación y tráfico de influencias- por la contratación -al 50% con la Generalitat. de tres ediciones de las jornadas Valencia Summit.

Los socialistas de Valencia reclaman la devolución a las arcas municipales de medio millón de euros por cada una de las tres ediciones de los Summit -1,5 millones de euros en total-, que se celebraron en Valencia y financiaron la empresa pública de la Generalitat CACSA y la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB).

El PSPV sostiene que la fundación que contrató los eventos con Urdangarin se saltó el procedimiento administrativo público y la defensa de Grau defiende, entre otros argumentos, que TVCB era de naturaleza privada y, por tanto, no debía someterse a los mismos. 

Así lo han manifestado el portavoz del grupo y actual teniente de alcalde, Joan Calabuig, y la concejala Sandra Gómez, quienes han dicho echar de menos las imputaciones en esta causa de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y del expresidente de la Generalitat Francisco Camps. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estudió la posible imputación de ambos políticos aforados y la descartó en su día por falta de pruebas suficientes.

La causa que sienta en el banquillo a la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, juzga la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, que percibieron dinero de varias administraciones públicas, unos 3,5 millones de las valencianas.

Gómez ha explicado que la Audiencia de Palma les ha pedido el informe encargado por el nuevo equipo de Gobierno local a los letrados del Ayuntamiento sobre la naturaleza jurídica de la Fundación Turismo Valencia, a través de la cual se firmaron los convenios con el Instituto Nóos.

Descartadas las presiones a los testigos

Por otro lado, el juzgado de Instrucción número 20 de Valencia ha archivado las diligencias abiertas después de que el magistrado José Castro dedujera testimonio ante un posible caso de concierto de declaraciones de consejeros de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau. El titular de la sala ha resuelto que no hubo presiones a los testigos por parte de la fundación municipal.