El fiscal pide cinco años de cárcel al expresidente del puerto de Valencia

Rafael Aznar, expresidente del Puerto de Valencia, se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel de la fiscalía según han confirmado fuentes conocedoras del procedimiento. El ministerio público reclama también que Aznar sea condenado a 19 años de inhabilitación. Y solicita penas similares, tanto de prisión como de privación de empleo público, para los otros tres procesados.

El fiscal considera que Aznar se valió de la empresa pública creada para comercializar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que iba a erigirse en la antigua pedanía de La Punta, una zona de huerta protegida cuya destrucción generó una gran polémica social en Valencia a principios de la década pasada, para enriquecerse irregularmente.

La ZAL nunca se hizo y la mercantil creada para comercializarla, Valencia Plataforma Intermodal (VPI) apenas tuvo actividad. Pero Aznar y los otros procesados estuvieron cobrando un salario de esta sociedad, que en el caso del expresidente sumó 160.000 euros a lo largo de los años.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emitió un informe en el que consideraba ilegales las cantidades percibidas desde VPI, porque se compatibilizaron con sus sueldos del puerto de Valencia. La fiscalía inició un procedimiento por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación y denunció los hechos al juzgado.

En noviembre el juez dio por concluida la investigación y procesó a los cuatro imputados dejándolos a un paso de ser juzgados. Los acusados han recurrido la decisión a la Audiencia de Valencia. El ministerio público considera que, ante la inactividad de VPI, Aznar creó una cadena de mando en esta empresa instrumental con el objetivo de poder cobrar el dinero discutido.

El exresponsable del puerto ya devolvió unos 70.000 euros percibidos desde 2008 después de que las posibles irregularidades fueran advertidas, pero el ministerio público reclama ahora que devuelva los que ingresó en los años anteriores, y que ascienden a 90.000. También reclama que los otros imputados reintegren los 120.000 euros que también ganaron de forma supuestamente indebida.

Aznar fue sustituido tras el cambio de color político en la Generalitat y el Ayuntamiento. Pero el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, el socialista Aurelio Martínez, lo mantuvo en un puesto directivo para aprovechar los amplios conocimientos en relaciones internacionales portuarias.

La decisión de mantener a Aznar generó malestar en Compromís, el socio de los socialistas en el Consell. Una opinión que fue expresada en público por Mònica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, tras una de las reuniones del Gobierno valenciano.  Oltra consideró que Aznar no podía mantener responsabilidades "relevantes" dada su situación judicial y poco después el expresidente fue descabalgado como directivo.

Además del procedimiento en el que está cerca de ser juzgado, Aznar se enfrenta a otra causa en la que el juez investiga supuestas irregularidades en contrataciones de la Autoridad Portuaria, en la compra de un yate que coincidió con la celebración de las regatas de la Copa del América, y en la construcción de accesos para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia.

Aznar y el resto de procesados, entre los que figura un abogado del Estado que avaló los pagos realizados desde Valencia Plataforma Intermodal, han defendido la legalidad de su actuación y han alegado que, en todo caso, infringieron preceptos administrativos sin mala fe, pero que su actuación no revistió carácter delictivo.