“Por negligencias, falló todo lo que podía fallar”

Cinco jóvenes de entre 17 y 20 años murieron aplastadas en una fiesta multitudinaria celebrada en el pabellón municipal Madrid Arena entre las 11 de la noche del 31 de octubre y las seis de la mañana del 1 de noviembre de 2012. El 12 de diciembre, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por Ana Botella (Partido Popular), presentaba las conclusiones de la comisión de investigación política sobre la tragedia, recalcando que actuó “siempre dentro de la legalidad”. El 28 de diciembre, el máximo responsable de la tragedia según la Fiscalía, Miguel Ángel Flores, organizador de la fiesta, salía de prisión tras abonar una fianza de 200.000 euros. El pabellón volvió a abrirse el 24 de abril de 2013. El 24 de mayo de 2015, el PP perdió la alcaldía de la capital, que ahora preside Manuela Carmena (Ahora Madrid); Botella había anunciado el 9 de septiembre de 2014. La instrucción judicial se extendió dos años y medio: el titular del juzgado de Instrucción 51, Eduardo López-Palop, firmó el 29 de agosto de 2015 el auto para la apertura de juicio oral contra 15 personas tras concluir un sumario con 14.800 folios. El juicio se ha iniciado este martes en la Audiencia Provincial con la resolución de cuestiones previas; la sentencia no se espera hasta “al menos dentro de cinco o seis meses”, según la Fiscalía.

¿Quién se sienta en el banquillo?

 Según el juez instructor, el aforo autorizado para el evento era de 10.620 personas pero se llegaron a vender en torno a 23.000 entradas. La empresa organizadora era Diviertt, y Miguel Ángel Flores, su propietario y máximo responsable, está acusado de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave por los que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel. “El imputado es plenamente consciente de que existe un inmenso sobreaforo, que es responsabilidad de él mismo y de su desmedido afán de beneficios económicos, sacrificando la seguridad”, según el juez, que le achaca además “intentar ocultar pruebas” tras la tragedia.

Hay otras 11 personas para las que la Fiscalía pide tres años de prisión por el mismo delito. La fiesta comenzó a las 23.25, pero el momento álgido era la actuación del pinchadiscos Steve Aoki, prevista para las tres de la mañana. Poco antes, según la Fiscalía, Francisco del Amo, coordinador de Proyectos de Madrid Espacios y Congresos, la empresa municipal que gestiona el pabellón, ordenó aliviar los controles para agilizar el acceso al recinto de miles de jóvenes que esperaban esa actuación en el exterior. Juan José París, coordinador de Seguriber (la empresa contratada por el Ayuntamiento para vigilar el exterior del recinto), autorizó que así se hiciera, según la Fiscalía.

Para entonces, la pista central ya estaba saturada, pero cinco de los ocho pasillos de evacuación estaban clausurados. Miguel Ángel Morcillo, responsable de la ubicación de las barras de bar, está imputado porque éstas “bloqueaban total o parcialmente la mayoría de salidas”. La empresa responsable de controlar el aforo en el interior del recinto era Kontrol 34; su apoderado, Carlos Manzanares, “no se preocupó de que sus trabajadores realizaran correctamente su función”; Emilio Belliard, propietario del 10% de la empresa y presente en la fiesta, tampoco.

Cuando empezó la actuación de Aoki, se produjo “una riada humana no menor a 3.000 personas” desde el exterior directamente a la pista central a través de un portón que sólo debía servir de salida de emergencia. Francisco del Amo dio la orden a José Antonio Díaz, al que le pareció “una barbaridad” pero no protestó “porque nunca se rechista”. Santiago Rojo, director general de Diviertt, escuchó como se daba orden de abrir el portón “y se tenía que haber opuesto”, según el juez.

Angustiados, algunos jóvenes intentaron salir por los pasillos de evacuación, coincidiendo con otros que trataban de entrar en una colisión “confusa, tumultuaria de todo punto incontrolable”, según el juez. Roberto Mateos debería haberlo percibido desde el control de cámaras de vigilancia, pero se ausentó en varias ocasiones de su puesto y no avisó de que uno de los pasillos no tenía cámara sino sólo una carcasa. Raúl Monteverde, jefe de equipo de Seguriber, era el encargado de vigilarle.

Precisamente en ese pasillo, a las 3.35, se produjo una avalancha humana que aplastó a las cinco jóvenes. Rafael Pastor era director de Seguridad de Madrid Espacios y Congresos. José Ruiz, jefe de Emergencias de la empresa, está imputado por “su nula actuación en un evento en el que, por negligencia de unos y otro, falló todo lo que podía fallar”.

¿Sólo tres o cuatro años de cárcel?

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Javier Polo, explicó ayer que la acusación de homicidio imprudente en este caso “establece una sola pena” pese a que sean cinco las muertes, por lo que “se castiga un solo delito” y la sentencia sólo puede llegar al máximo de cuatro años de prisión. “El fiscal está sometido a la ley, no podemos saltárnosla, ésta es la pena que otras partes han criticado, hay que respetar el Código Penal, no hay otra opción”, indicó. Las acusaciones particulares que representan a las familias de las víctimas emitieron en octubre un comunicado mostrando su “total desacuerdo” por las penas solicitadas, que ellos elevan a 20 años de prisión en el caso de Flores.

¿Y los médicos?

La Fiscalía solicita para Carlos y Simón Viñals, padre e hijo, dos años de prisión por dos delitos de homicidio por imprudencia grave. Considera que los doctores, que estaban al cargo del servicio médico del Madrid Arena, dieron por muertas a Rocío Oña y Cristina Arce cuando llegaron a su enfermería en parada cardiorrespiratoria. “Faltaron a las normas más elementales de la asistencia sanitaria” y ni siquiera dieron instrucciones para tratar a la tercera paciente, Katia Esteban, que tuvo que ser asistida por dos técnicos de ambulancia hasta la llegada de los servicios municipales de emergencia (Samur). El juez eleva a tres los delitos de homicidio por imprudencia grave al incluir a Esteban. Belén Langdon y María Teresa Alonso fueron llevadas directamente fuera del pabellón y antedidas por el Samur, pero fallecieron horas después.

¿Y el jefe de la Policía Municipal?

El juez instructor considera que el botellón que tuvo lugar en los aledaños del Madrid Arena desde varias horas antes de la fiesta era “perfectamente ilegal” y “tuvo una importancia decisiva como desencadenante de la tragedia”. Las 3.000 personas borrachas que entraron directamente a la pista central provenían “de la aglomeración” de jóvenes que consumían bebidas alcohólicas cerca del recinto a la espera de la actuación de Aoki. “No fue la única causa pero fue una de las causas y como la encargada de impedirlo era la Policía Municipal, el máximo responsable de la misma debe responder por la negligencia”, explica el juez. No imputa sin embargo a la responsable del dispositivo, Cándida Jiménez, ni a los tres mandos intermedios. Monteagudo dimitió el 1 de septiembre de 2014 al no prosperar el recurso contra su imputación. Esta se debe a la actuación de las acusaciones particulares, puesto que la Fiscalía considera que “no hay ninguna prueba de que la conducta de la policía haya contribuido al resultado” de cinco muertes. El botellón se produjo “en el exterior, no en el interior”, y por tanto “no influye en el resultado”, indicaron ayer el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Javier Polo.

¿Fue culpa del Ayuntamiento?

Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, ya disuelta, son responsables civiles subsidiarios y deberán pagar las indemnizaciones que el tribunal considere oportunas (en realidad, lo harán las compañías aseguradoras Zurich, AIG, Mapfre e Hiscox). Cuatro de los imputados trabajaban en el momento de la tragedia para la empresa municipal, y Monteagudo era jefe de la Policía Municipal. El pabellón Madrid Arena es propiedad del Ayuntamiento y era gestionado por Madrid Espacios y Congresos. El recinto carecía y carece de licencia de funcionamiento, aunque el Ayuntamiento insiste en que legalmente no es necesaria. El gobierno municipal, entonces regido por Alberto Ruiz-Gallardón, sabía desde 2010 que el recinto sufría gravísimas deficiencias que comprometían la seguridad, que no fueron solventadas. Sin embargo, la Fiscalía considera que el pabellón es seguro y que sólo el exceso de aforo abrió la puerta a la tragedia.

¿Ha dimitido alguien?

No hay ningún político imputado (aunque algunos lo fueron durante varios meses en el curso de la instrucción para tener derecho a defenderse), pero la tragedia del Madrid Arena acabó con la carrera de varios dirigentes municipales. El primero fue Pedro Calvo, que presentó su dimisión el 14 de noviembre de 2012 después de que desde el juzgado instructor se avanzara que iba a ser imputado como concejal de Economía y, por tanto, responsable de Madrid Espacios y Congresos. El 9 de enero de 2013, la alcaldesa, Ana Botella, obligó a dimitir a su vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, por su gestión política de la tragedia. Villanueva no ha sido imputado por el juez y no se conoce prueba alguna de su implicación en este caso. Ese mismo día dimitió también la concejal de Seguridad y Emergencias, Fátima Núñez. Su responsable directo, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Antonio de Guindos, dimitió el 5 de febrero. Ambos fueron imputados por el juez, que terminó por exculparlos. Ana Botella arrastró como uno de sus mayores errores políticos irse a un balneario de Portugal al día siguiente de la tragedia para pasar el fin de semana. “Me arrepiento, pero no porque no cumpliera con mi obligación”, aseguró en mayo de 2015. Antes de la tragedia del Madrid Arena, los sondeos internos del Partido Popular indicaban un amplio apoyo de la ciudadanía. Su gestión posterior acabó con su carrera política.