Las insuficiencias del Estado autonómico

Uno de los déficits más importantes del Estado autonómico respecto a su organización territorial, sin perjuicio del reconocimiento de las distintas identidades que lo conforman y del sistema de financiación, es la falta de participación de las comunidades autónomas en tanto que elementos que integran el Estado en la formación de la voluntad global del mismo, es decir, en la fijación de la posición del Estado sobre los diversos asuntos sobre los que debe posicionarse.

La institución mediante la que las comunidades autónomas deberían participar en la formación de la voluntad del Estado es el Senado, al que la Constitución califica como cámara de representación territorial. Sin embargo, el Senado ni por su composición ni por sus funciones, permite a las comunidades autónomas, como tales, participación alguna en la elaboración de las leyes del Estado, ni en la elección de los miembros de determinadas instituciones del Estado.

En el Senado, los senadores se agrupan, no con criterios de representación de sus respectivas comunidades autónomas, sino atendiendo a criterios partidistas, en grupos parlamentarios. Con respecto a sus funciones, el Senado tiene una posición claramente subordinada al Congreso, dado que no interviene ni en la elección del Presidente del Gobierno, la denominada investidura, ni en los procedimientos para su destitución, la moción de censura y la cuestión de confianza; tiene un plazo claramente insuficiente para la tramitación de las leyes y, en caso de discrepancia con el Congreso, prevalece la voluntad de éste último.

Las comunidades autónomas no participan como tales, en modo alguno, en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que es, precisamente, la institución que arbitra en los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas y en el enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes, tanto estatales como autonómicas; tampoco participan en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es la institución de gobierno del Poder Judicial, ni tampoco pueden intervenir en una eventual reforma constitucional. También es claramente insuficiente la participación de las comunidades autónomas en la fijación de la posición española sobre los asuntos a plantear ante la Unión Europea, dado que dicha participación se efectúa a través de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que tiene un carácter meramente consultivo, y cuyo funcionamiento depende de la voluntad política del ministro.

Frente a esta situación deberían incrementarse los poderes del Senado y convertirlo en la cámara que representase a las comunidades autónomas como tales, lo que podría conseguirse mediante la designación de los senadores por parte de los gobiernos autonómicos en proporción a la población de cada comunidad autónoma, de forma análoga a lo que sucede en Alemania, confiriéndole un derecho de veto efectivo. También debería reformarse el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, en el sentido de que los "árbitros" no sean elegidos exclusivamente por una de las partes, el Estado. En sentido análogo las comunidades autónomas deberían participar de forma efectiva en la elección de los componentes del Consejo General del Poder Judicial y en la formación de la posición del Estado ante la Unión Europea, entre otros muchos aspectos.

Se trata en definitiva de cambiar la concepción del Estado. Pasar de un Estado en el que las comunidades autónomas tienen un papel absolutamente secundario, a otro en el que el Estado sea entendido como un conjunto de comunidades autónomas y que éstas puedan participar de forma efectiva y no meramente retórica en la formación de la voluntad del Estado.

Francesc Pau i Vall es Profesor de ciencias políticas de la UPF.