Un problema informático paraliza el plan de justicia sin papeles

La justicia sin papeles, el proyecto estrella que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentó el pasado 6 de marzo, no arrancará en Madrid el 1 de enero, tal y como fijó el Gobierno en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil. La última de las pruebas que los operadores jurídicos vienen realizando en Madrid desde hace dos meses, el pasado 28 de diciembre, llevó a la Consejería de Justicia a aplazar la eliminación definitiva del papel en los nuevos procedimientos que se inicien en los juzgados. El sistema informático regional y el estatal son, de momento, incompatibles. Esto obligará a realizar trámites por duplicado hasta marzo.

 El motivo del aplazamiento que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid sobre los plazos que el Gobierno estableció en la Ley de Enjuiciamiento Civil es que los dos sistemas informáticos que conviven en los 534 órganos judiciales que existen en la Comunidad de Madrid —el IUS Madrid y otro más antiguo que aún utilizan algunos juzgados, Libra— no son compatibles con el programa que ha habilitado el Ministerio de Justicia para todas las comunicaciones, el denominado Lexnet.

Así que durante el primer trimestre del año, los procedimientos judiciales que se inicien en los juzgados madrileños deberán duplicar los trámites y presentar la documentación a través del sistema informático, además incluir un escrito en papel en el registro. Así lo comunicó ayer el viceconsejero de Justicia de Madrid, Enrique Ortiz, en una reunión en la sede del Tribunal Superior de Justicia, en la que estaban presentes las máximas autoridades judiciales: el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira; el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres, los decanos de los juzgados de Madrid y de Plaza de Castilla, un representante de los secretarios judiciales y otro, de la ICM, la agencia informática de la Comunidad de Madrid. Al término del encuentro se incorporó el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel de Diego Quevedo, un colectivo especialmente afectado porque son estos profesionales los que presentan la mayor parte de la documentación en los pleitos. Fuentes presentes en la reunión confirmaron a este diario que la decisión suscitó el acuerdo de todas las partes.

El retraso en la implantación de la denominada justicia sin papeles lo ha confirmado el propio viceconsejero de Justicia a EL PAÍS. Según Enrique Ruiz, “ha habido un retraso en la homologación que tiene que hacer el ministerio para la integración total de los diferentes sistemas informáticos”. La Comunidad de Madrid tiene previsto dictar una instrucción para que llegue a todos los operadores judiciales antes del 4 de enero, el primer día hábil de 2016, y en la que comunique la obligación de iniciar los procesos judiciales a través de esa doble vía. El mecanismo será provisional hasta que los problemas de incompatibilidad de los diferentes softwares informáticos estén solventados. La Consejería de Justicia calcula que la eliminación del papel en los nuevos pleitos se produzca durante el primer trimestre del año, aunque sus dirigentes aguardan que esté listo en febrero.

Cursos para abogados

El Colegio de Abogados de Madrid, que representa a casi 77.000 profesionales, dice estar listo para afrontar la eliminación del papel a partir del 1 de enero. Durante los últimos meses han organizado cursos de formación y más de 20.000 —de los 40.000 que ejercen esta actividad en los juzgados— tienen ya actualizada la firma electrónica, un requisito imprescindible para poder presentar documentos. La decana del Colegio profesional, Sonia Gumper, sostiene que “los abogados se han puesto las pilas y han accedido a formarse para implantar un modelo que es necesario en la modernización de la Justicia”. Y espera que cuando se ponga en marcha “exista una coordinación entre los diferentes poderes públicos implicados”.

Bufetes consultados por este diario sostienen que la ampliación del plazo vendrá bien a los profesionales para adaptar sus equipos informáticos, ya que no todos soportan el programa de gestión del ministerio.